Así será la política económica del futuro Gobierno andaluz

El pacto entre PP y Cs para gobernar Andalucía avanza a buen ritmo, y ambas formaciones están dando a conocer en los últimos días las medidas que podrán en marcha en la legislatura. La reforma económica es uno de los apartados donde los dos partidos hicieron más hincapié en la campaña electoral, subrayando que los 37 años de gobierno socialista ininterrumpidos no habían logrado reducir una de las tasas de paro más altas de la UE y que la región continuaba en el furgón de cola de Europa en demasiados indicadores económicos. La receta que ambos pretenden aplicar, y que quieren que sirva de carta de presentación para las municipales e incluso unas elecciones generales, se basa en una bajada de impuestos masiva “a la clase media y trabajadora” y la aplicación de una política de estabilidad presupuestaria, reclamando además al Gobierno central de Pedro Sánchez una “modificación inmediata” del modelo de financiación que precisamente retrasó el anterior ejecutivo del PP. Asimismo, abogan por planes de empleo de colaboración "público privada".

“Son unos acuerdos históricos que vienen a cambiar no solo a los políticos que han estado durante 40 años, sino también las políticas que se han estado haciendo”, resumió el líder de Ciudadanos, Juan Marín, sobre el pacto, subrayando que “estamos poniendo en el centro de nuestras decisiones a las personas que lo están pasando mal. A los desempleados, a nuestros profesionales, a los ciudadanos, a las personas que tienen dificultades todos los días y a nuestros emprendedores”. No obstante, reconoció que será una etapa “difícil y complicada, pero conseguiremos cambiar Andalucía”, por lo que solicitó a los andaluces “que nos ayuden”.

Bajada del IRPF sin cuantificar

Bajo el título “Medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo gobierno en Andalucía”, el programa económico está formado por 52 puntos, que se suman a los ya presentados en las 21 medidas para los 100 primeros días de gobierno. El planteamiento principal es la reforma de los tributos propios y cedidos de competencia autonómica, “al objeto de disminuir la presión y esfuerzo fiscal y convertir la región en un territorio atractivo para las inversiones que generen riqueza y empleo".

En este sentido, PP y Ciudadanos defienden una política “económica de tratamiento de los recursos públicos basada en los principios de estabilidad presupuestaria, eficacia, eficiencia y suficiencia financiera”, dando prioridad en los presupuestos a la “financiación de los servicios esenciales” y las “inversiones productivas que generen riqueza y empleo”. Como ya anunciaron, mantendrán la reducción del millón de euros en la base imponible por heredero en la modalidad del Impuesto de Sucesiones y una bonificación del 99% en el resto de supuestos para parientes directos, también en las donaciones. Se equipararán además al modelo nacional los tipos impositivos del Impuesto de Patrimonio, y se anuncia una bajada en todos los tramos de la escala autonómica del IRPF, aunque aún sin cuantificar.

Asimismo, se establecerá un procedimiento "más justo" de valoración de bienes a efectos tributarios “para evitar tasaciones irreales que provocan impuestos desmesurados”. En la misma línea, se revertirá la subida del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TPAJD) y se plantea una revisión de la normativa fiscal medioambiental y su simplificación para garantizar que “quien contamina paga”.

Fomento del empleo

Para combatir uno de los males endémicos de la región, el desempleo, el acuerdo de PP y Ciudadanos plantea medidas que ya se habían hecho públicas en las medidas urgentes para los primeros 100 días de gobierno: tarifa reducida para autónomos de 50 euros durante 24 meses y súperreducida para mujeres en el ámbito rural y jóvenes menores de 25 años, que solo pagarán 30 euros durante dos años. Se creará además un “sistema arbitral de segunda oportunidad” para que aquellos en situación de sobreendeudamiento puedan reestructurar sus deudas, y se garantizará el pago a proveedores y contratistas dentro de los plazos legales para acabar con la morosidad.

Uno de los puntos más llamativos hace referencia a los recursos destinados a la formación para el empleo, muy cuestionados por ambos partidos tras los casos de corrupción que acabaron en los juzgados. Así, PP y Ciudadanos pondrán en marcha un sistema de “cheques formación” para asegurar que estos recursos “terminen en manos de las personas desempleadas que los necesitan y evitando las posibilidades de fraude por los intermediarios”. Se implementarán planes de empleo de colaboración “público-privada” y la reforma del Servicio Andaluz de Empleo “buscando su capacitación y modernización y una mayor orientación a resultados”.

El acuerdo incluye también una estrategia de “simplificación normativa y administrativa”, eliminando trabas burocráticas a la actividad económica con las oficinas virtuales, la ventanilla única empresarial o la licencia exprés. También menciona la creación de una “Estrategia Industrial para Andalucía” con leyes de promoción y planes de revitalización con especial atención a sectores claves como el agroalimentario o la industria aeronáutica, así como leyes de transferencia de tecnología para favorecer la creación de empresas innovadoras, 'start-ups' y proyectos tecnológicos estratégicos.

La reforma del sector agrario, uno de los compromisos más reseñados por el PP en su campaña, queda recogida en el acuerdo con la creación de un plan estratégico de competitividad de la Agricultura en Andalucía, así como "la Ganadería, la Pesca y el Medio Rural". También se incluye un “pacto andaluz por el agua” que planifique las infraestructuras necesarias para la comunidad en esta materia y, refundir la Ley del suelo de Andalucía para “agilizar y simplificar” la tramitación de asuntos urbanísticos.