El pacto en Andalucía debuta con polémica por los sueldos de los altos cargos

Las propuestas de PP y Ciudadanos para despolitizar la administración regional que ambas formaciones pretenden llevar a cabo si prospera la formación de un Gobierno alternativo al PSOE nace con polémica. Los socialistas se han apresurado a denunciar que, en la letra pequeña, la medida que ampara una equiparación salarial de los altos cargos y directivos públicos con los cargos homólogos del Gobierno central supondrá en la práctica un incremento de retribuciones del Ejecutivo de hasta el 90%. Desde el PP rechazan esta subida salarial, y explican que la medida hace referencia exclusivamente a los directivos de "esa administración paralela que nadie sabe cuánto cobran" y que, mediante complementos varios, "y trucos", añaden, "incumplían la norma de recibir salarios superiores al de la Presidencia de la Junta", cifrado en poco más de 65.000 euros.

El enfrentamiento saca a la palestra un asunto largamente denunciado por los partidos que estaban en la oposición hasta ahora en Andalucía: la proliferación de altos cargos y puestos directivos ubicados en algunos de los más de 200 entes instrumentales (empresas públicas, consorcios y fundaciones) inventariados por la Junta de Andalucía, y que llegaron a ser 367 hace ocho años. Una estructura de administración paralela, según los reproches constantes de la oposición, al margen de los controles públicos y que solo en personal costaba a los andaluces 5.000 millones de euros al año, casi la misma cantidad que las nóminas de los funcionarios, pero sin haber superado una oposición.

Unas empresas públicas, además, no exentas de polémicas: la extinta Faffe, fundación para el empleo, está siendo investigada en los tribunales por el cobro de casi 50 millones de euros subvenciones sin justificar y el uso por parte de sus directivos de tarjetas opacas en prostíbulos. Otra empresa pública, la Agencia Idea, está en el epicentro del fraude de los Ere por ser la entidad que abonaba las prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis que se concedían de forma discrecional y, con este sistema, sin fiscalización previa.

Solo durante 6 años

Tras conocer los planes de PP y Cs para poner coto a esta mastodóntica estructura, el PSOE andaluz ha puesto el grito en el cielo, denunciando una subidas encubiertas de las retribuciones. A través de redes sociales y en declaraciones públicas, ha recordado que los salarios que se cobraban hasta ahora en el Ejecutivo andaluz eran de los más bajos del país, solo por detrás de Cantabria, y a mucha distancia de Catalunya, la comunidad con los salarios más altos en el Gobierno autonómico. Los socialistas señalan que, si se comparan los datos de los portales de transparencia de la Junta de Andalucía y de la administración general del Estado, ese aumento de las retribuciones oscilaría entre el 20% y 90%, según el cargo. El máximo sería el de los directores generales.

El PP, sin embargo, rechaza que la prioridad del "Gobierno del cambio" haya sido la subida de sueldo. Fuentes populares añaden que, según consta en el texto del acuerdo, el objetivo es "establecer unas tablas salariales que ordenen y racionalicen las retribuciones de los altos cargos y directivos públicos de la Junta de Andalucía", equiparando sus retribuciones a las de los cargos análogos en el Gobierno central y sin superar a estos últimos. "Hay una norma que dice que nadie puede cobrar más que la presidenta de la Junta, pero la realidad es que hay muchos directivos que cobran más que la presidenta de la Junta" mediante la fórmula de complementos, señalan los populares, recordando que un informe de la Cámara de Cuentas ya señaló que, en el 2013, un total de 109 directivos políticos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se repartieron 2,1 millones de euros en sobresueldos fuera de convenio.

Dedicación exclusiva

En este sentido, insisten en que se trata de medidas, como recoge el documento programático consensuado, para garantizar la "profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad de todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas". Así, las propuestas pactadas con Ciudadanos para llevar a cabo durante la legislatura establecen, además, la reducción de los altos cargos a los "estrictamente necesarios" y su dedicación exclusiva, al tiempo que se refuerzan las sanciones por incompatibilidad y conflicto de intereses. Además, se recoge que estos altos cargos serán elegidos "siempre por concurso público, abierto y transparente por un período de seis años".