Ir a contenido

TRANSPARENCIA

Altos cargos de la Generalitat no actualizan su patrimonio

Tan solo 17 pusieron al día su declaración de bienes tras la inauguración de la legislatura

El gerente del Consorci del Port de Mataró y del de Portbou no ha presentado su certificado

Júlia Regué

Reunión del Govern.

Reunión del Govern. / RICARD CUGAT

Cumplir con el principio de transparencia va más allá de la mera publicación de la información que el ciudadano necesita tener en sus manos para avaluar la gestión de cualquier Administración. El fundamento del 'gobierno abierto' se encuentra en la fiscalización de los datos para la mejora de lo público y la rendición de cuentas. Más aún cuando en el reparto de altos cargos, distribuidos en los distintos departamentos de la Generalitat, los elegidos suelen repetir butaca.

En el tablero actual, aún hay diez empleados que dejan en blanco las casillas en las que deben aclarar su patrimonio -uno en Exteriors, Cultura, Treball, Justícia y Agricultura-, y otros cinco en Salut. Ocho de ellos tampoco lo registraron en la anterior legislatura, aunque en todos ellos se señala que sí han presentado su declaración de bienes patrimoniales y de intereses establecida en la ley 13/2005. 

Pero es que de los 286 altos cargos actuales que figuran en el Portal de Transparència, tan solo 17 de los que se han mantenido en la Generalitat con el último cambio de legislatura han actualizado el valor de su patrimonio. Justamente coincide con su ascenso en el grado de responsabilidad, ya que la mayoría de los que han puesto al día sus cuentas son 'consellers' y secretarios o directores generales.

Destacan entre ellos, el vicepresidente del Govern Pere Aragonès, que añade 25.836,59 euros de bienes inmuebles y resta 17.840,25 euros de valor total de otros bienes, hasta registrar un valor total de bienes activos de 184.113,68 euros. Su pasivo decrece 24.285,33 euros respecto a los datos de la legislatura anterior. También modifica sus datos el 'conseller' de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet, quien reduce a cero el valor pasivo e incrementa su patrimonio en 65.253,58 euros. Otros titulares nuevos de carteras en la Generalitat, como Àngels Chacón o Jordi Puigneró, mantienen lo dicho en esta nueva etapa.

Sin declaración de bienes

Por otra parte, el gerente del Consorci del Port de Mataró, Joan Bellavista, en el puesto desde el año 1998, aún no ha presentado su declaración de bienes y reproduce en las casillas los datos que facilitó años atrás. La circular oficial que clarifica la ley de transparencia establece que aquellos que fueron nombrados antes de la entrada en vigor de la ley, en el 2005, "deben efectuarla dentro del plazo de tres meses desde la aprobación de esta circular". Un comunicado, con fecha a 19 de junio del 2006, que aún no ha cumplido.

Cabe señalar que la no presentación de las declaraciones puede conllevar una infracción leve –la que se enmienda en 15 días a contar desde la fecha del requerimiento y queda en una amonestación- o grave –si no se reconduce conlleva la destitución inmediata-.

Más curioso aún, cuando en el 2017 trascendió que cobraba como director general de este equipamiento, 132.376,35 euros anuales, y como responsable también del de Portbou, otros 37.753,80 euros. Una suma de 170.129 euros, en el pódium de los más bien pagados. En las retribuciones actuales, se especifica que ahora recibe un salario acumulado de 106.050,00 euros por su trabajo en ambos entes.

Deber permanente de actualización

El ente encargado del cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los altos cargos, y de custodiar las declaraciones, es la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal, adscrita a la Direcció General de Funció Pública.

Preguntados por esta cuestión, se escudan en que bajo su "criterio" si un cargo es cesado y, simultáneamente nombrado en otro puesto, o ratificado en el mismo, "no es necesario que presenten la declaración de bienes en el supuesto que continúan vigentes las presentadas", eso sí, "sin perjuicio de que continúa operando el deber permanente de actualización". Insisten en dejar claro que cualquier "variación sustancial" debe ser comunicada, aunque marginan las "fluctuaciones en las cuentas corrientes" ni las "amortizaciones mensuales de un crédito o préstamo". No especifican de qué cantidades y se limitan a hablar de "incremento o descenso significativo", a juicio del alto cargo, según la ley.

Pero, ¿qué declaran exactamente? Sobre papel, y encajado como activos: los bienes inmuebles y los derechos de cualquier naturaleza que superen los 12.000 euros, los seguros de vida cuya indemnización de supere los 30.000 euros, el saldo en sus cuentas bancarias, los planes de pensiones y de jubilación, los certificados de depósito, los valores activos financieros negociables, la deuda pública, sus fondos de inversión, las acciones cotizables en bolsa y otros valores negociables y participaciones societarias. Y especificados como pasivos: los créditospréstamos y deudas. Los altos cargos están obligados a seguirlo a rajatabla, aunque no todos cumplen con lo debido.