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DECISIÓN

El Consejo de Ministros rechaza la condena a muerte de Lluís Companys

El Gobierno aprueba una declaración para restituir la dignidad del 'expresident' republicano

El Ejecutivo central tramitará como proposición de ley la nulidad de todas las sentencias franquistas

Juan Ruiz Sierra

El Gobierno rechaza la condena a muerte de Companys, y bautiza el aeropuerto del Prat como ’Josep Tarradellas’. / ALBERT BERTRAN (TV EFE)

El Consejo de Ministros aprobó ayer una declaración para rechazar la condena a muerte del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, asesinado en 1940 por el régimen franquista. En concreto, el Ejecutivo tomó conocimiento "de la declaración de reparación y reconocimiento personal en favor de Lluís Companys". "Se rechaza y condena el consejo de guerra que decidió su ejecución y se proclama pública y solemnemente el reconocimiento y restitución de la plena dignidad del 'president' Companys", afirmó la ministra portavoz Isabel Celaá.

En un paso posterior, el Ejecutivo central instará a la anulación del proceso judicial que acabó con su asesinato junto con la anulación de todas las condenas de tipo político de tribunales franquistas. La vía elegida es a través de una enmienda a la ley de memoria histórica, mediante una proposición de ley en el Congreso. Esto supone que la anulación definitiva podría tardar todavía un tiempo en ser efectiva, pues PP y Ciudadanos podrían bloquear la proposición de ley en la tramitación parlamentaria. "La anulación de los juicios del franquismo -admitió la ministra Meritxell Batet en la rueda de prensa posterior- requiere previsión normativa y previsión legal".

Una medida anunciada

Fuentes de la Generalitat han confirmado a la ACN que el Gobierno central les había informado de la previsión de dar luz verde a esta medida, que ERC y PDECat habían reclamado en reiteradas ocasiones. El pasado mes de julio, el Gobierno central ya anunció su intención de anular las sentencias franquistas y de crear una comisión de la verdad sobre la dictadura. El debate sobre esta anulación de los juicios no es nuevo y consiste en una reivindicación constante del catalanismo. No en vano, el Parlament ya acordó por unanimidad en el 2017 una ley que anula todos los procesos del franquismo en Catalunya desde 1938 a 1978, cuyos efectos jurídicos generan dudas.

De hecho, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, se quejó de que lo acordado por el consejo de ministros tampoco tiene efectos legales. "Ha sido un gesto político, una declaración política que no tiene implicación jurídica que no supone la anulación de los juicios franquistas", apuntó. Por ello la portavoz pidió anular todos los juicios y reclamó al Ejecutivo que condene "un crimen de Estado" como hicieron Francia y Alemania.