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CONSEJO DE MINISTROS EN LA CAPITAL CATALANA

El Gobierno: "Ni soflamas emocionales, ni 155 perpetuo. Diálogo"

El Ejecutivo hace guiños al independentismo con la rehabilitación de la figura de Companys

Sánchez se marcha de Barcelona con sensaciones positivas tras su reunión con Torra

Juan Ruiz Sierra

Pedro Sánchez y Josep Borrell, en el Consejo de Ministros de Barcelona.

Pedro Sánchez y Josep Borrell, en el Consejo de Ministros de Barcelona. / ALBERT BERTRAN

Hace poco más de una semana, cierta sensación de pánico recorrió el Gobierno central ante la cita del Consejo de Ministros en Barcelona. Los riesgos eran muchos, desde la posibilidad de que hubiera graves disturbios protagonizados por los Comités de Defensa de la República (CDR) a la incomprensión de una parte del electorado tradicional socialista que no acaba de comulgar con la política territorial de Pedro Sánchez, así que algunos ministros, como el de Fomento, José Luis Ábalos, llegaron a plantear que el desembarco en la capital catalana fuese abortado. Pero ahora, después de que Sánchez se reuniera con Quim Torra y pactara un comunicado que sienta las bases de sus futuras relaciones, después de que el Consejo de Ministros se reuniera en la Llotja de Mar sin que se incendiaran las calles, el Ejecutivo respira tranquilo. Cree que su apuesta ha sido "muy positiva", que se ha cargado de razones para justificar su posición dialogante, que rechaza tanto el independentismo como las presiones del PP y Cs para reactivar la suspensión de la autonomía.

"El Gobierno siempre ha buscado espacios de diálogo. No existe  ninguna otra receta: ni soflamas emocionales ni aplicación perpetua del 155. Esto es lo que se hizo ayer durante una reunión extensa entre los presidentes. En sí mismo es un avance", dijo este viernes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, acompañada por la titular de Política Territorial, Meritxell Batet, que utilizó el catalán por primera vez en una comparecencia posterior al Consejo de Ministros. "No existe el derecho de autodeterminación porque no hay ninguna norma jurídica que lo reconozca. Y no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo se va a resolver a través del diálogo y los acuerdos transversales que representen a una mayoría de la sociedad catalana", explicó Batet, que pidió "reciprocidad" a la Generalitat.

Pero el Ejecutivo no solo se ve obligado a trasladar estos argumentos frente al independentismo, por un lado, y el PP y Cs, por otro. También una parte importante del PSOE se desvincula de los esfuerzos de Sánchez por normalizar la relación con la Generalitat. Las críticas vienen, sobre todo, de otros presidentes autonómicos, que tras el reciente batacazo en las elecciones andaluzas (donde los socialistas se encuentran a las puertas de perder el poder tras casi cuatro décadas) temen no revalidar su poder en las elecciones de mayo debido a la actitud dialogante del Gobierno con el independentismo. El jueves, por ejemplo, el presidente de Aragón, Javier Lambán, defendió el "combate inmisericorde" contra los separatistas.

Las iniciativas sociales

La cita en Barcelona, en cualquier caso, sirvió para que el Gobierno aprobase la subida del salario mínimo interprofesional y del sueldo de los empleados públicos. Ambas iniciativas estaban ya anunciadas, pero sirven al Ejecutivo para empujar a ERC y el PDECat a que apoyen los Presupuestos, que contienen importantes medidas sociales.

Los guiños específicamente a Catalunya, mientras tanto, fueron tres. Por un lado, destinar 112 millones para la mejora de las carretas en las cuatro provincias catalanas, una medida adelantada por EL PERIÓDICO el pasado lunes.

Las otras dos fueron más simbólicas. El Ejecutivo aprobó una declaración que "rechaza" y "condena" el consejo de guerra durante el franquismo al ‘expresident’ Lluís Companys, un nuevo paso para anular su sentencia de muerte, algo que reclama ERC desde hace años. La anulación en sí misma, sin embargo, tendrá que esperar, porque para eso se necesita una ley, algo que los socialistas harán a través de enmiendas a la reforma de la ley de memoria histórica, que de momento el PP y Cs mantienen paralizada en el Congreso gracias a su mayoría en la Mesa de la Cámara baja.   

Y por último, el cambio de nombre del aeropuerto de El Prat de Llobregat, que pasará a llamarse Josep Tarradellas Barcelona El Prat. "Ha sido comunicado a la Generalitat y a los municipios afectados y a la familia.  Supone un  mensaje de concordia, entendimiento y diálogo, reconociendo la figura del 'president' Tarradellas", señaló Celaá. Pero la medida no estuvo exenta de polémica. La Generalitat no la comparte. "Les dijimos que no lo hicieran unilateralmente porque los asuntos de nomenclatura son muy sensibles -señalaron fuentes del Govern-. No tenemos ningún problema con el nombre de aeropuerto de El Prat. El problema lo tenemos con su gestión". Eso, por el momento, no se toca.