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REFERÉNDUN UNILATERAL

Dos entidades denuncian ante el Tribunal de Cuentas a Puigdemont por los gastos del 1-O

Societat Civil Catalana y un colectivo de abogados solicitan que se reclame dos millones de euros al cesado gobierno catalán

J. G. Albalat

Carles Puigdemont, en la Casa de la República, en Waterloo (Bélgica).

Carles Puigdemont, en la Casa de la República, en Waterloo (Bélgica). / AFP / JOHN THYS

Societat Civil Catalana y la asociación Abogados Catalanes por la Constitución han entregado un escrito en el Tribunal de Cuentas en el que reclama casi dos millones de euros (cifra que en un futuo podría aumentar hasta los 80 millones) a los responsables del referéndum unilateral del 1-O. Estas dos entidades citan como máximos lideres de la consulta al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al exvicepresidente, Oriol Junqueras, y al resto de los miembros del cesado gobierno catalán. En noviembre del 2017, el Ministerio de Hacienda ya presentó una denuncia a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Según el escrito, los denunciados "destinaron" fondos públicos de la Generalitat que estaban a su cargo por un importe no inferior al 1,9 millones de euros a "financiar el referéndum de secesión abiertamente ilegal" y que ellos mismos habían convocado. De este modo, añaden las dos entidades, aplicaron recursos a una actividad "ajena" a la función pública y que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional. SCC y la asociación de letrados hacen una pormenorizada relación de lo actontecido el 1-O, desde su preparación, hasta los pronunciamientos judiciales y su ejecución.

En la denuncia también se detalla los gastos del referéndum: soporte informático, los locales públicos utilizados para la votación, las campañas de publicidad institucional, el suministro de material electoral, cartería, acción exterior, las páginas web internacionales, la contratación de expertos y observadores y el dinero que costó el desplazamiento a Catalunya para el 1-O de unidades de la Guardia Civil y la Policía Nacional del resto de España.

Conscientes de la ilegalidad

Al entender de los demandantes, todos los denunciados tuvieron "una intervención decisiva" en los gastos originados por la consulta soberanista. "El expresidente Puigdemont y los demás miembros de su Gobierno eran plenamente conscientes de la ilegalidad del referéndum que organizaron y financiaron", sostienen.

Para comprobar los hechos, han solicitado que se requiera a la Generalitat los expedientes administrativos de contratación de diversos servicios, al Ministerio de Hacienda que temita toda la información que tenga al respecto y al de Interior que certifique la cuantía de los gastos derivados del traslado de guardias civiles y policías nacionales a Catalunya en la denominada Operación Copérnico.