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SIN ACUSACIÓN

El fiscal no ve delito en los Mossos que identificaron a 14 personas que quitaban lazos amarillos

La acusación pública se limita a criticar la actuación policial, que califica de "desafortunada" y de "dislate"

El decreto de archivo acusa a la Conselleria d'Interior de "falta de objetividad" al explicar que podrían haber sanciones

J. G. Albalat

Lazos amarillos.

Lazos amarillos.

La Fiscalía Superior Catalunya ve "desacertado" que los Mossos identificaran a 14 personas, entre ellas un guardia civil, que quitaban lazos amarillos en varias localidades de Tarragona (Mora la Nova, Tivissa y Vandellós)  y recrimina a la Generalitat que dejara entrever estos ciudanos podían ser "severamente" multados por su acción. A pesar de esta premisa, esta institución ha acordado archivar la investigación, al concluir que no hubo infracción penal. Eso sí, ha ordenado ordena a la Fiscalía de Tarragona que investigue la filtración a particulares de parte de un atestado policial.

El teniente fiscal Pedro Ariche abrió el 27 de agosto pasado la investigación a instancias de la asociación Impulso Ciudadano, plataforma presidida por José Domingo, tras la identificación por parte de los Mossos de 14 personas que el 17 de ese mismo mes quitaban lazos amarillos en las citadas localidades, llevando cúters, mascarillas y aerosoles de defensa personal. Según los denunciantes la actuación de la policía autonómica podría ser "abitraria, carente de fundamento legal y discriminatoria por razón de ideología". Las pesquisas se ampliaron después a actos similares en l'Ametlla del Mar y Falset.

El fiscal sostiene en su decreto de archivo que la gestión policial del incidente "resulta cuando menos desafortunada, por no decir que constituye un auténtico dislate", ya que fue "absolutamente desacertada" y los agentes actuaron con una "preocupante desatención" a su deber de "objetividad e imparcialidad" en el ejercicio de "relevantes funciones". También cuestiona su intento de judicializar una conducta, la de quitar lazos amarillos, que no merece "reproche penal".

El escrito subraya que no consta que la dirección política de la Conselleriade Interior diera instrucciones sobre el modo concreto en que debían intervenir los agentes en relación con la polémica por los lazos amarillos, tras los incidentes del pasado verano entre partidarios y detractores de este símbolo en favor de los políticos presos.

Por este motivo, se refiere a la "concreta actuación" de los agentes, que elaboraron un atestado en que "equivocadamente" atribuían a los identificados varios ilícitos penales debido a un "malentendido celo profesional" que no debería "perpetuarse ni reproducirse en el futuro", debiéndo ser corregida a través de los mecanismos disciplinarios administrativos internos, pero, sobre todo, con formación.

Realidad "inexistente"

El fiscal también recrimina a los agentes que asumieran en el atestado que los que quitaban lazos habían dañado bienes públicos, entre ellos una señal metálica situada junto a la entrada de Mora la Nova con el lema "Bienvenidos a la República Catalana".

"Dicho cartel refiere una supuesta realidad inexistente. No se puede decir que un municipio de la Comunidad Autónoma de Catalunya es de -o pertenece a- la 'República Catalana' por la sencilla razón de que ésta no existe, o únicamente existe en el imaginario de aquellos que, siempre como opción política legítima pero como mero ejercicio ideológico, creen que debería existir", sostiene el fiscal.

En su escrito,  afea a los Mossos que, paralelamente a la vía judicial -que acabó archivada-, instaran de forma "incorrecta e inadecuada" a la imposición de una sanción administrativa a los identificados, llevados por su "deficiente calificación jurídica".

Reproche a Buch

En este sentido, recrimina a la Conselleria de Interior, dirigida por Miquel Buch, su "patente falta de objetividad, impropia de quienes ejercen responsabilidades de Gobierno sobre una colectividad de personas de muy diversa ideología", al dejar entrever que los quita-lazos podrían haber cometido una infracción grave de la ley de seguridad ciudadana y ser "severamente" sancionados con multas de entre 601 y 30.000 euros, como advirtió el departamento en su cuenta oficial de Twitter.

"El departamento de Interior se permitió, con ocasión de un nimio incidente de identificación de unas personas que 'hacían ruido', retiraron determinada simbología de la vía pública portando al fin y al cabo las mismas herramientas o utillaje que emplean los que previamente la ubican y, en su caso, 'rayaron' un cartel metálico de naturaleza privada instalado en lugar público, dirigir un mensaje conminatorio" para los contrarios a los lazos amarillos, apunta.

También reprocha al departamento de Interior que no se tomara "la molestia" de desmentir las "perturbadoras" informaciones que apuntaban de forma alarmante que había "grupos paramilitares de ideología fascista" que "campaban poco menos que por sus respetos por los pueblos" quitando lazos amarillos.

Sin embargo, reconoce el fiscal que esta "patente falta de objetividad en el ejercicio de la función pública" por parte de Interior tampoco es sancionable desde el punto de vista penal y únicamente corresponde "su reproche al plano de la acción política partidista".

El fiscal archiva también la investigación relativa a la filtración de datos sobre la identificación, entre ellos que uno de los que quitaba lazos era un agente fuera de servicio de la Guardia Civil, ya que lo supieron muchas personas, algunas de ellas ajenas a los Mossos.

Por el contrario, ordena al Fiscal de Tarragona que abra una investigación sobre la "indebida filtración" a particulares de documentación localizada a los identificados, como planos con indicaciones de actuación en varias poblaciones, que figuraba en el atestado policial, al concluir que "no cabe duda alguna" de que necesariamente tuvo su origen en los Mossos de la comisaría de Mora la Nova.