El fiscal del 'procés': "Hubo un atentado grave al interés de España"

Con un "hoy empieza todo" el abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y del 'exconseller' Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, inauguró la vista en la que todas las defensas plantearon, ya por última vez, que el juicio contra los 18 líderes del 'procés' acusados de rebelión, sedición, malversación o desobediencia se celebre en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya18 líderes del 'procés' acusados y no en el Tribunal Supremo. Enfrente tenían a la fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Vox que con unas u otras palabras sostuvieron que debe ser el Supremo quien juzgue el "atentado grave al interés general de España" que se cometió.

"No tengo los años de experiencia de los representantes de la fiscalía, pero nunca he estado más convencido del fondo de un asunto: son políticos haciendo política y el proceso no ha seguido las reglas", porque de haberlo hecho, se habría investigado y juzgado en Catalunya, afirmó Van den Eynde. Marina Roig, abogada del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, fue más lejos al asegurar que "se están sacrificando los derechos fundamentales por una mal entendida indisolubilidad de la nación española", y puso en duda la imparcialidad del Supremo, al haberse puesto de manifiesto que "es sensible a la injerencia del poder político", dijo. 

El fiscal de Sala del Supremo Jaime Moreno negó la mayor con un "aquí no se criminaliza el voto exterior o interior" para pasar a explicar que el bien jurídico protegido en este juicio supera la competencia de Catalunya, porque se derogó la Constitución con la ley de transitoriedad, lo que supuso "un atentado al orden constitucional", y la declaración de independencia tuvo que ser respondida con el artículo 155 de la Carta Magna. "Hubo un incumplimiento de las obligaciones de la comunidad autónoma, pero también un atentado grave al interés general de España, que requirió la intervención de dos Poderes del Estado", en referencia al gobierno de Mariano Rajoy y al Senado.

En esa misma línea fueron tanto Vox como la representante de la Abogacía del Estado, Lucía Pedreño, que aseguró ante el tribunal que lo ocurrido en Catalunya afectó "a todo el país", porque "la soberanía española se basa en la indisoluble unidad de la nación".

En catalán

A la afirmación de Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, relativa a que entre los hechos de los que se les acusa figura disponer de un registro de catalanes en el extranjero, cuando muchas otras comunidades autónomas cuentan con algo similar, Pedreño respondió que aunque sea así ninguna de ellas lo usa "para la comisión de delitos y fines ya declarados ilegales por el Tribunal Constitucional".

Pina sostuvo que tanto el Diplocat, como la compra de urnas o las campañas publicitarias no son elementos típicos del delito de rebelión, sino que serían en todo caso actos preparatorios, por lo que no pueden determinar el lugar de enjuiciamiento. Anunció que sus clientes utilizarán el catalán en la vista oral, con la pérdida de matices que conlleva hacerlo asistido por traductores, según Roig. Paradójicamente en instrucción ninguno de los acusados quiso utilizarlo, pese a que tenían intérpretes a su disposición.

Las demás defensas apelaron a que si el Supremo juzga el 'procés' se privará a los acusados de la posibilidad de disfrutar de una segunda instancia judicial. Destacaron que aunque juzgue los hechos el TSJC, el alto tribunal revisará la sentencia en casación, como hace habitualmente.

El Tribunal Supremo resolverá previsiblemente este miércoles sobre su competencia por ser el plazo previsto en la ley. Desde que admitió a trámite la querella que dio origen al procedimiento la ha defendido, en la línea esgrimida por las acusaciones personadas.