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Los expertos advierten del riesgo de nulidad al incautar teléfonos a periodistas

Profesionales de la información se concentrarán este viernes ante el Supremo en defensa de sus fuentes

Catedráticos consideran "estrafalaria" y "desproporcionada" la decisión del juez del 'caso Cursach'

Ángeles Vázquez

Concentración de trabajadores de Europa Press en protesta por la intervención de móviles a periodistas.

Concentración de trabajadores de Europa Press en protesta por la intervención de móviles a periodistas. / DAVID CASTRO

En una decisión insólita un juez ha ordenado a la policía intervenir los teléfonos y ordenadores de dos periodistas. No es por terrorismo o un asesinato, sino para investigar una presunta revelación de secretos por la publicación de un informe relativo al empresario mallorquín Bartolomé Cursach, imputado en el caso de corrupción al que da nombre. La "estrafalaria" y "desproporcionada" medida ha soliviantado a la profesión periodística, que primero espontáneamente y luego a través de los colectivos que la representan, se ha movilizado contra lo que considera un ataque a la libertad de información, al convertir en papel mojado el secreto profesional con el que protege a sus fuentes.

Desde el mundo jurídico la decisión se ve desde otra perspectiva, al menos hasta conocer los detalles que la han motivado y que presupone más graves de lo que ha trascendido por tratarse de una causa secreta. Por supuesto hay jueces que la critican abiertamente, al entender que requisar un móvil a un periodista supone imputarle materialmente sin haberlo hecho formalmente, pero también son muchos los que a través de sus perfiles anónimos en redes sociales han cuestionado que el derecho a la información sea un derecho ilimitado y defienden la decisión adoptada en el 'caso Cursach' en la medida que la ven una forma de luchar contra la publicación de informaciones afectadas por el secreto sumarial.

"Exceso de celo"

Mientras se conoce en su integridad el auto del juez de Instrucción número 6 de Palma de Mallorca, Miguel Jesús Florit, los expertos consultados por EL PERIÓDICO coinciden en advertir del riesgo de nulidad que encierra haber intervenido los móviles a periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca para averiguar quién les filtró un informe que publicaron. El catedrático de Procesal de la Universidad de Burgos, Julio Pérez Gil, considera que ese riesgo es "evidente", porque si la intervención de los teléfonos produce la vulneración de un derecho fundamental, como es el de información, todo lo que se obtenga de ellos será nulo. Esa posición es compartida por Antonio Torres del Moral, catedrático de Constitucional de la UNED, que atribuye al magistrado "un exceso de celo", una "extralimitación", porque con lo conocido hasta ahora, no ve "razón para intervenir así el material" y "perjudicar el secreto profesional" de esta forma. 

Pérez Gil sostiene que el auto que acuerda intervenir los aparatos debe "estar motivado muy bien", porque "llama la atención" que se haya decidido que ceda el secreto profesional en un delito de revelación de secretos, cuyo bien jurídico protegido es tan parecido al que se vulnera con la mera incautación de un teléfono. Añade que, además del secreto profesional, que ampara al periodista para no revelar sus fuentes, un móvil incluye comunicaciones privadas que también gozan de protección. En este sentido, recuerda que tanto el Tribunal Constitucional como la justicia europea han dado un papel preponderante a la libertad de información frente a otros derechos sobre todo cuando lo que se revela es información con trascendencia pública. 

Vicente Guzmán, catedrático de Procesal de la Universidad San Pablo de Olavide, argumenta que “el derecho a la información es una piedra angular del Estado de Derecho” y que “el periodista haga su trabajo en libertad es fundamental” en democracia, por lo que tacha de "errónea" y "desproporcionada" la decisión adoptada por el juez Florit. "Un ataque de este calibre solo se justifica con un bien jurídico mayor a proteger y en este caso creo que no existe", afirma.

Sitúa el debate en un problema que "al final tenía que estallar" entre el derecho de información frente a otros derechos, como el del honor o y el de defensa, pero defiende que no se puede "equivocar el tiro" y actuar contra el periodista, aunque "se aproveche de quien sí comete un delito al filtrar", porque "por este camino" se va "directamente contra el artículo 20 de la Constitución" y conducirá a quitar derechos profesionales a otros colectivos, como los abogados.

Firmas

A las 200 firmas entregadas a la fiscala general del Estado, María José Segarra, que defiende una medida que cuenta con el beneplácito de Anticorrupción, se llegó hasta las 658 que se hicieron llegar al Consejo General del Poder Judicial. Los medios directamente afectados se han querellado contra el juez Florit por la "grotesca antijuricidad" de su auto y este viernes los periodistas se concentrarán ante los tribunales bajo el lema "Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información".