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'Caso Cursach'

La fiscal general del Estado avala que se confisquen móviles a periodistas

Segarra niega que se viole el secreto profesional y el Consejo Fiscal se inhibe pese a las quejas

Diario de Mallorca prepara una querella criminal para defenderse ante una «coacción intolerable»

El Periódico

Segarra, sobre el derecho a la protección de las fuentes periodísticas: Nuestra intención no es vulnerarlo. / FERNANDO VILLAR (EFE / VÍDEO: EUROPA PRESS)

Pese a que el artículo 20 de la Constitución protege el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional de los periodistas, la fiscala general del Estado, María José Segarra, defendió este miércoles la incautación de los teléfonos móviles de dos redactores por orden del juez de Palma que instruye el 'caso Cursach' (una presunta trama de connivencia entre responsables de discotecas y locales de ocio de Mallorca, policías locales y políticos del PP para favorecer a los negocios del empresario Bartolomé Cursach, capo durante décadas de la noche mallorquina) frente al clamor creciente en contra de la medida por parte de las empresas afectadas y las asociaciones de periodistas.

«La fiscalía y los jueces clarísimamente velamos por la libertad de expresión y por supuesto por el secreto de las fuentes. Nuestra intención desde luego no es vulnerarlo», arguyó Segarra sin hacer más declaraciones al respecto de un escándalo que propició que la propia fiscala recibiese de manos de varias periodistas una carta firmada por más de 200 informadores que le reprochan haber avalado una «intromisión intolerable e inédita» en el derecho a la información al apoyar la incautación de teléfonos móviles y ordenadores de redactores de Diario de Mallorca y Europa Press.

Los firmantes, trabajadores de distintos medios y provincias, se declaran «sumamente alarmados» porque consideran que lo ocurrido el martes es «un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna».

Apoyo de Anticorrupción

El Consejo Fiscal se mostró «sensible» a las quejas de los profesionales de la información, pero añadió que a sus vocales no les corresponde manifestarse «en modo alguno» porque «podrían interferir en el desarrollo de una investigación judicial». Por su parte, el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, desveló a Efe que había advertido al juez que instruye el caso, Miquel Florit, de que requisar móviles y ordenadores a periodistas podía ser «delicado» si afectaba al secreto profesional, pero le respondieron que la Fiscalía Anticorrupción lo había estudiado «profundamente» y había llegado a la conclusión de que no lo vulneraba.

Anticorrupción confirmó que su máximo responsable, Alejandro Luzón, abordó la cuestión con el fiscal balear Joan Carrau y apoyó su decisión, que ejecutaron el martes agentes de la Policía Nacional que, además de los teléfonos, se llevaron dos ordenadores de Europa Press, mientras que la dirección de Diario de Mallorca se negó a entregárselos. Otra voz judicial que se manifestó ayer contraria a la actuación judicial fue la del exmagistrado José Castro, famoso por haber instruido el 'caso Urdangarin'. En su opinión, se trata de una «gran desproporción» que lesiona la Constitución y, en concreto, el «derecho a la intimidad», porque «un teléfono móvil es algo más que un emisor o receptor de llamadas».

En contra del criterio de la fiscalía y de la actuación judicial se continuaron manifestando ayer la Asociación Europea de Editores y distintas organizaciones profesionales tanto de ámbito estatal como de Baleares, donde el sindicato y la asociación de periodistas de las islas han convocado para este jueves, en la plaza de Cort de Palma, una concentración en defensa del secreto profesional. Los trabajadores de Diario de Mallorca se concentraron ayer exhibiendo sus móviles ante la sede del periódico y los servicios jurídicos del grupo editor, Prensa Ibérica, están preparando una querella criminal para defenderse de lo que considera una «coacción intolerable».

Condena política

Varios partidos se mostraron también críticos con los hechos. Aunque eludió opinar al respecto, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, sí dejó un recado: «Pensaba que había pasado en Venezuela». La presidenta balear, la socialista Francina Armengol, y el PP autonómico deploraron los registros a periodistas y expresaron su apoyo a los medios de comunicación afectados.