El Gobierno frena un nuevo 155 y acota la intervención de la Policía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude este miércoles al Congreso a analizar la coyuntura catalana en un momento complicado. Sus colaboradores aseguran que hará un discurso "contundente", más de lo previsto cuando se aceptó hace semanas el envite de los independentistas para impulsar esta comparecencia. La deriva de un Quim Torra que se abraza a "la vía eslovena" ha influido en la línea del discurso del líder de los socialistas, al que la oposición marca muy de cerca exigiendo sin descanso un 155 duro. La falta de control de los Comités de Defensa de la República (CDR) en las calles catalanas, así como los vaivenes de la Generalitat sobre el papel que deben desempeñar los MossosMossos, tampoco ayuda a que haya sosiego en la Moncloa. Ni el resultado de las elecciones andaluzas, que algunos miembros del PSOE -especialmente sus barones- interpretan como un toque de atención de los votantes ante las tentaciones de acercamiento a los secesionistas. Algunas voces del grupo parlamentario también se pronunciaron en esta línea este martes en una reunión con su portavoz, Adriana Lastra.

No obstante desde el Ejecutivo se subraya a EL PERIÓDICO que la suma de esos factores son motivo para colocar a Catalunya y especialmente a sus autoridades en periodo "de observación", pero no de preparación de una nueva intervención de la autonomía al amparo de la Constitución. La propia vicepresidenta Carmen Calvo se encargó de confirmar en el Senado que el escenario del 155 no está sobre la mesa. Al menos, de momento. Sí lo está, según las fuentes consultadas por este diario, la activación en territorio catalán de las Fuerzas de Seguridad del Estado en momentos y eventos concretos si se considera necesario para garantizar el orden público. Lo que ocurra el próximo día 21, fecha en que Barcelona acogerá la reunión del Consejo de Ministros, será crucial a la hora de tomar decisiones, advierten.

En este sentido apuntan que se desplegarán efectivos que estén ya sobre el terreno o desplazados en momentos de "clara inacción" de la policía autonómica, lo que no se traduce en tomar el mando. Y si esto es necesario, tendría un papel clave la delegación del Gobierno que dirige Teresa Cunillera en el desarrollo operativo. Pero desde el Govern se ha dado a entender en las últimas horas que ni siquiera este tipo de medidas serán necesarias porque se garantizará la seguridad, según la portavoz Elsa Artadi. También para ese Consejo de Ministros que ella misma, hace una semana, consideraba una "provocación".

Descenso del nerviosismo

El equipo de Sánchez acogió con alivio esta nueva posición de Artadi, así como la respuesta que desde el Govern se dio a las cartas que se habían enviado el día anterior desde las áreas gubernamentales de Vicepresidencia, Fomento e Interior pidiendo explicaciones a la falta de seguridad observada en suelo catalán en las últimas jornadas y advirtiendo, concretamente desde el departamento de Fernando Grande-Marlaska, que se darán pasos serios si no se corrige la situación. La portavoz replicó en rueda de prensa que se deben desvincular los cuerpos policiales de la contienda política; insistió en que no habrá problemas de inseguridad y, de paso, se desvinculó de la polémica "vía eslovena".

Ante todo esto el Gobierno central recalca que, por mucho que lo demanden el PP y Cs, no está justificado actualmente apostar por el despliegue del 155 en Catalunya. Es más, desde el entorno de Sánchez se admite que si se vieran obligados a tomar esa decisión se abriría una etapa de incertidumbre para el PSOE, que no cuenta con los escaños necesarios en el Senado para controlar el tipo de intervención que se realizaría sobre la Administración catalana: en ese caso los mandos quedarían en manos del PP de Pablo Casado, con mayoría absoluta en la Cámara Alta y, por tanto, posibilidad de imponer su criterio en un hipotético trámite parlamentario para la aplicación del precepto constitucional.

Los socialistas no ven ahora motivos para activar de nuevo la suspensión de la autonomía, y si se llega a ese escenario, temen que los conservadores (y también Ciudadanos, aunque su apoyo al 155 no sea determinante) intenten una puesta en práctica del 155 "maximalista", más dura que la versión de hace un año y de duración más larga. A las puertas de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, y con el precedente de Andalucía, un escenario de este tipo sería muy complicado para el socialismo. Pero de momento el Ejecutivo no contempla esa hipótesis.