REACCIÓN A LA RECULADA DE TORRA

La CUP acusa al Govern de amparar la "impunidad del fascismo y la violencia policial"

Los anticapitalistas piden explicaciones a los socios del Ejecutivo catalán después de que el encuentro con Buch se zanje sin purga en los Mossos

DEBAT  PARLAMENT DE  CATALUNYA  Carles Riera i Maria Sirvent

DEBAT PARLAMENT DE CATALUNYA Carles Riera i Maria Sirvent / ACN / GUILLEM ROSET

Júlia Regué

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Los anticapitalistas han recibido estupefactos la reculada del Govern. Si Quim Torra anunciaba este domingo que habría cambios en la cúpula de los Mossos d'Esquadra después de las cargas en Girona y Terrassa, con el beneplácito del 'conseller' Miquel Buch, este lunes el Ejecutivo congela cualquier maniobra. La diputada de la CUP Maria Sirvent ha alzado la voz en una rueda de prensa desde el Parlament para señalar al Ejecutivo su incongruencia. "Parece que el concepto de defensa de derechos de este Govern es el de la impunidad del fascismo y la violencia policial", ha espetado.

Desde la bancada anticapitalista se preguntan qué movimiento ha propiciado que no haya finalmente una purga en el cuerpo policial como se prometió en un ultimátum de cuatro días de Torra a Buch, y lo achacan a la presión de los sindicatos policiales catalanes. "Nos gustaría saber a qué responde, qué está pasando en el cuerpo de los Mossos y en las unidades de antidisturbios", ha apostillado, y ha insistido en que el Govern, vía Mossos d'Esquadra, "persigue a los movimientos sociales con identificaciones".

Sirvent ha urgido un "cambio de modelo de seguridad" porque ha afirmado que el vigente "no responde al estricto cumplimiento de los derechos humanos", ya que, a su juicio, "vulneran protocolos con el uso de pistolas de foam que no se ajustan a los criterios aprobados por el Parlament y con golpes de porra por encima de la cintura".  

La CUP está dispuesta a agotar todas las vías para pedir estas explicaciones y rendir cuentas, también a JxCat ERC como grupos parlamentarios, hasta conocer su opinión sobre "un modelo de seguridad que criminaliza el derecho a la protesta y a la disidencia política".