El Gobierno permite al juez del 'caso Villarejo' acceder a la documentación secreta del robo a Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea tendrá acceso a la documentación secreta de la 'operación Kitchen', en la que presuntamente se usaron fondos reservados para robar al extesorero del PP Luis Bárcenas tras captar a su chófer como confidente. Este viernes, el Consejo de Ministros ha desclasificado estos documentos, lo que permitirá al Ministerio del Interior remitir los recibís originales.

El pasado 23 de noviembre, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 libró un auto para solicitar toda la información de la 'Kitchen', la séptima pieza del 'caso Tándem' por el que se mantiene en prisión preventiva desde el 5 de noviembre del 2017 el excomisario José Manuel Villarejo.

Con esta operación policial encubierta se puso en marcha entre el 2013 y el 2014 por parte del excomisario Villarejo -entonces adjunto a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía- un plan para captar como confidente a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas. Para ello, presuntamente se usaron fondos reservados aprobados cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy. La operación coincidió con el escándalo sobre la fortuna del extesorero y los presuntos pagos en dinero negro a dirigentes del PP. Bárcenas ingresó en prisión el 27 de junio del 2013.

El juez espera un informe

Será a partir de este viernes cuando el departamento que dirige Marlaska contestará a otro juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, quien como instructor de la causa de los 'papeles de Bárcenas' ha pedido un informe urgente a la Secretaría de Estado de Seguridad para que le detalle qué personas autorizaron la 'operación Kitchen', ya que en su juzgado no había constancia del operativo. De la Mata volvió a apremiar este jueves al Ministerio del Interior para que le envíe este informe, desvelando que el pasado 3 de diciembre recibió un oficio de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía con un "Informe sobre la operación Kitchen".

Además de Villarejo, en el operativo intervino Enrique García Castaño, antiguo mando de los Servicios de Información detenido por sus vínculos con Villarejo, y que ha solicitado a este juez que se le autorice para hablar sobre operaciones clasificadas por el uso de fondos reservados. El director adjunto operativo (DAO) de la Policía era por entonces Eugenio Pino, actualmente procesado en los Juzgados de Plaza de Castilla por el 'pendrive' de la familia del 'expresident' catalán Jordi Pujol.

En la instrucción que dirige De Egea, por tanto, figuran ya las copias de esos recibís con pagos mensuales al chófer de Bárcenas y que Villarejo tenía en su poder, localizados durante los registros en la operación en la que fue detenido el excomisario, además de unos audios que acreditan esa operación encubierta, según confirman a Europa Press fuentes jurídicas.

Lo encriptado, secreto

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este miércoles levantar parcialmente el secreto sobre la pieza principal de la 'operación Tándem', relativa a las actividades del comisario jubilado y en prisión provisional Villarejo relacionadas con políticos de Guinea Ecuatorial. Con esta decisión, permitirá que las partes personadas accedan a toda la documentación, salvo la que permanece encriptada.

Los investigadores de Asuntos Internos de la Policía y de la Fiscalía Anticorrupción al frente del 'caso Tándem' trabajan a la espera de que el juez De Egea autorice que los 40 terabytes de material incautado a Villarejo, pero inaccesible por estar encriptado, se remita al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), organismo con sede en León y dependiente del Ministerio de Economía y Empresa.

De Egea, como juez de refuerzo en la Audiencia Nacional, está estudiando la posibilidad de poner en libertad a Villarejo atendiendo a los problemas de salud del excomisario, a quien se impondrían medidas de control telemático, según informan a Europa Press fuentes jurídicas y adelanta este jueves el diario 'El Mundo'. Esto ha sido denegado hasta ahora por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal al entender que persiste el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.