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Mas recurre en apelación su condena por el 9-N

Alega que por la propia doctrina del Tribunal de Cuentas debía rechazarse la demanda de Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución

Ángeles Vázquez / J. G. Albalat

Los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont

Los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont / EFE / OLIVIER HOSLET

El expresidente de la Generalitat Artur Mas y la exconsellera Joana Ortega han recurrido en apelación la sentencia del Tribunal de Cuentas que les condenó junto a Francesc Homs e Irene Rigau a devolver los 4,9 millones de euros de fondos públicos gastados en la consulta soberanista del 9-N del 2014. La sentencia consideraba que todos, y otros seis exaltos cargos de la Generalitat, son responsables directos de esos gastos. 

En su recurso, el expresidente argumenta que si la consulta que se convocó en un primer momento por el Govern para el 9-N de 2014 y el proceso participativo que finalmente se realizó "son dos procesos jurídicamente diferenciados", el examen de la responsabilidad contable que se pudiera producir por los gastos realizados con anterioridad a la suspensión del Tribunal Constitucional debería haber conducido al rechazo de las demandas interpuestas por Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, a las que luego se sumó la de la fiscalía.

Según el recurso, los gastos que se realizaron fueron anteriores a la suspensión del proceso participativo, por lo que no se puede exigir responsabilidad contable, según la propia doctrina del Tribunal de Cuentas.

Insiste en que los gastos fueron realizados bajo "la cobertura presupuestaria que otorgaba la legalidad vigente; formalizados y comprometidos o facturados con anterioridad al 4 de noviembre de 2014, fecha en la que el Tribunal Constitucional acordó la suspensión del proceso, y se realizaron de conformidad con lo previsto en la legislación relativa a los procedimientos administrativos y de contratación, así como en materia de control e intervención". 

Además, insiste en que que en ningún caso se convocó un referéndum el 9-N, "sino una consulta, inicialmente, y un proceso participativo, con posterioridad, los cuales, a priori, podían tener encaje en las competencias que atribuye el Estatut al Govern". Añade que el propio Constitucional dejó abierta la puerta a esta posibilidad en la sentencia en que anuló la declaración soberanista del Parlament.

También argumenta que no se puede exigir responsabilidad contable cuando ha habido procedimientos penales en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y el Tribunal Supremo contra los ahora condenados, en los que no se les acusó de malversación.