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REFORMA CONSTITUCIONAL EXPRÉS

Aforados en España: cuántos hay, quiénes son y privilegios

La mayoría de ellos son policías, jueces y fiscales, y solo un 11%, cargos públicos

El Rey, como jefe del Estado, goza de inviolabilidad judicial

Ángeles Vázquez

Fachada del Tribunal Supremo.

Fachada del Tribunal Supremo.

¿Cuántos aforados hay y quiénes son?

En España hay más de 250.000 aforados. El grueso corresponde a los más de 232.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicas, que cuando cometen delitos leves o menos graves en el ejercicio de sus funciones solo pueden ser juzgados por la Audiencia Provincial.

Según el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, los 17.600 restantes pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades autónomas.

¿Y el poder judicial?

El segundo grupo más importante de aforados corresponde a los jueces (unos 5.500) y los fiscales (2.550), quienes evitan ser investigados por sus compañeros respondiendo ante el tribunal superior de justicia. En una comparecencia en el Congreso, la ministra también incluyó a los 7.600 jueces de paz. 

Los altos cargos, como los vocales del CGPJ, los magistrados del Supremo, del Constitucional y de la Audiencia Nacional, responden ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

¿Y el Rey?

Quien tiene mayor grado de protección es el Rey, que goza de inviolabilidad. El artículo 56 de la Constitución veta cualquier investigación, incluso en su vida civil y privada. Por su parte, la reina Letizia, los Reyes Juan Carlos y Sofía y la Princesa de Asturias son aforados ante el Tribunal Supremo.

¿Cuántos políticos son aforados?

El grupo más polémico de los aforados son los políticos, que es, en principio, contra quien se dirige el anuncio realizado por Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno y los ministros solo pueden ser investigados por el Supremo; y los presidentes y consejeros autonómicos están aforados ante el Supremo o los tribunales superiores de justicia, según su estatuto de autonomía y dónde se cometió el delito.

También tienen fuero los diputados y senadores, los parlamentarios autonómicos, los consejeros del Tribunal de Cuentas, los del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo. En total, unas 2.000 personas.

¿Supone un privilegio?

El aforamiento implica que esa persona, en caso de resultar imputada, lo sea por un tribunal de mayor rango al que correspondería, habitualmente el Tribunal Supremo o los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas.

En el caso de diputados y senadores, la Cámara debe autorizar la investigación con la figura del suplicatorio, pero no hacerlo sería difícilmente justificable en democracia. Los críticos lo consideran un privilegio porque impide que estos cargos sean juzgados por los mismos tribunales que otro ciudadano.

¿Existe en el extranjero?

La situación de los aforamientos en los países europeos es bien diferente a la que existe actualmente en España. Miembros de Gobiernos y Parlamentos de toda la UE gozan de algún grado de aforamiento ante los tribunales, aunque en algunos de ellos esa protección se refiere exclusivamente a asuntos relacionados con su actividad política y legislativa, tal y como plantea ahora el Gobierno para España.

Por ejemplo, en Francia solo los miembros del Gobierno tienen un estatus judicial específico y exclusivamente aplicable a las actividades realizadas en el ejercicio de su labor, no en el ámbito privado. Solo el presidente de la república goza de inmunidad judicial durante su mandato.

En Alemania, por su parte, los ministros no gozan de inmunidad, salvo que sean también miembros de parlamentos y que puede ser levantada por la Cámara correspondiente, a solicitud de la fiscalía.

Cinco altos cargos del Estado gozan de inmunidad total en Italia, salvo que cometan alta traición o un delito de atentado contra la Constitución. Son el presidente de la república, los de las dos Cámaras, el jefe del Gobierno y el presidente del Tribunal Constitucional. Además, ningún miembro del Parlamento pueda ser sometido a un registro domiciliario o personal, ni detenido, excepto tras una condena judicial firme o cuando es sorprendido 'in fraganti' en la comisión de un delito. Para procesarlo, se requiere de la autorización del Parlamento.

Situación similar existe en Portugal, donde solo el presidente de la república y los miembros del Consejo de Estado tienen inmunidad. Los diputados y titulares de órganos políticos de soberanía también son aforados y no pueden ser detenidos o investigados sin autorización previa del Parlamento, salvo por un delito doloso o si son sorprendidos cometiendo un delito flagrante.

Por último, en el Reino Unido, son aforados los parlamentarios y miembros del Gobierno que además son diputados, por lo que para ser procesados por algún delito debe ser autorizado por el propio Parlamento o por el Tribunal Supremo.

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