La corrupción pasa de largo en el programa del PSOE andaluz

La corrupción es uno de los temas omnipresentes en la campaña electoral en Andalucía, donde han saltado algunos de los casos más mediáticos que pusieron en jaque los controles y sistemas de la administración para controlar el destino del dinero público en un área tan sensible como el empleo. En esta ocasión, los comicios del 2-D coinciden con la recta final del juicio que sienta en el banquillo nada menos que a dos expresidentes autonómicos, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a una veintena de exaltos cargos, acusados de presunta prevaricación y malversación por amparar y permitir un sistema que permitió irregularidades en el pago de ayudas sociolaborales. Pese a la desafección ciudadana y la desconfianza en las instituciones que estos casos generan entre los ciudadanos, algunos partidos parecen darlos por amortizados y ni siquiera los incluyen en sus programas electorales.

Desde que en el 2011 saltaron las primeras investigaciones judiciales cuestionando el uso de fondos públicos en la Consejería de Empleo, no hay campaña electoral o acto político donde la corrupción no esté presente. El año clave fue el 2012: Javier Guerrero, principal implicado en el 'caso ERE', fue a prisión el primer día de campaña de las autonómicas, las únicas hasta el momento que ha ganado el PP, aunque con una victoria insuficiente para desalojar de la Junta al PSOE, que acabó pactando con IU.

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Algunos en el PSOE dan el caso por amortizado, dado que no se ha podido demostrar enriquecimiento de los dirigentes socialistas o financiación del partido. Pero la oposición se ha esforzado en vincular el adelanto electoral de este año al temor de los socialistas ante la sentencia de la pieza política de los ERE, que no se prevé hasta el verano próximo, pero cuya recta final se produce precisamente estos días, con la lectura de las conclusiones de las partes y el turno de última palabra. Como se vio en los dos debates electorales, todos los partidos azuzan la corrupción como el lastre que incapacita al contrario para gobernar y les posibilita solo a ellos para llevar a cabo la regeneración que demandan los ciudadanos.

"Rendición de cuentas"

En este sentido, resulta llamativo que el PSOE no incluya una sola medida explícita contra la corrupción o la regeneración política, términos que ni aparecen recogidos en su programa electoral. A lo sumo, alguna mención solapada a la "transparencia" de "una administración pública al servicio del progreso de Andalucía" y una apuesta por "la rendición de cuentas y acercamiento a la ciudadanía". Cualquier "fraude" queda relegado al plano fiscal.

El programa del PP, también afectado por escándalos, evita mencionar la "corrupción" más allá de la constatación crítica de que los casos descubiertos en la última década confirman "que, para el socialismo, la Junta de Andalucía solo ha sido el instrumento con el que mantenerse, a toda costa, en el poder". No obstante, sí incluye una batería de medidas que podrían considerarse de regeneración democrática, como la despolitización y eliminación de estructuras duplicadas en la administración; reducción de altos cargos o publicación de retribuciones. Además de la limitación de mandatos, y en clara alusión al 'caso ERE', se aboga expresamente por promover "una gestión eficaz y eficiente" en la concesión de ayudas e incentivos al empleo y a empresas, con "procedimientos efectivos y exhaustivos de control y seguimiento, a fin de evitar posibles fraudes y/o abusos de poder", o la mejor dotación de medios "a la lucha contra la corrupción, atendiendo de manera especial a los juzgados que instruyan macrocausas".

Oficina antifraude

En contraste, tanto Ciudadanos como Adelante Andalucía son más prolijos a la hora de emplear el término "corrupción" en sus propuestas, abogando abiertamente por una Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción que fiscalice el dinero público y proteja a quienes denuncien irregularidades o casos de corrupción. La formación naranja se arroga el mérito de haber sido quienes empujaron al PSOE a poner en marcha alguna medida en este sentido. En el apartado segundo de su programa, dedicado exclusivamente a corrupción, afirma que "el PSOE deja una herencia de 30 procedimientos judiciales, casi 600 imputados socialistas y más de 4.000 millones bajo sospecha", ante lo que proponen auditorías externas para saber "cuánto dinero público se ha ido por el agujero negro de la corrupción y para eliminar duplicidades, chiringuitos y redes clientelares, e invertirlo en educación, sanidad y fomentar el empleo".

La confluencia de izquierdas aboga además por dar más competencias y medios a la Cámara de Cuentas, establecer un régimen de incompatibilidades de altos directivos públicos y "asegurar la corresponsabilidad de los partidos políticos en casos de cargos condenados por corrupción".