La 'caja de solidaridad' de Òmnium y la ANC recoge 9 millones en un año y medio

Las entidades soberanistas crearon el 8 de mayo del 2017 una 'caja de solidaridad' para recoger fondos para respaldar económicamente a los sancionados o investigados por acciones relacionadas con el proceso soberanista, una cuenta que, desde entonces, ha recogido hasta 9 millones de euros.

A día de hoy conserva una base de cerca de 3 millones de euros, después de haber abonando el pago de las condenas por la consulta del 9-N, las fianzas de los 'exconsellers' y la del expresidente Carles Puigdemont en Alemania, entre otras. El último movimiento registrado tiene que ver con los 4,9 millones de euros que han depositado por la sentencia del Tribunal de Cuentas a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, un fallo que propició que se añadiesen a la cuenta 300.000 euros más en tan solo tres días después de una campaña en busca de apoyo económico. 

En una rueda de prensa celebrada en el Ateneu Barcelonès, los expresidentes del Parlament, Ernest Benach y Núria De Gispert, garantes de esta caja desde su creación, han anunciado que han creado la Associació pel Foment de la Caixa de Solidaritat, la que se encargará de velar por estos fondos y, por lo tanto, Òmnium Cultural y la ANC dejarán de ser los responsables del depósito. De Gispert preside el nuevo ente, la vicespresidencia la ocupa Benach y dos economistas y un notario llenan las vocalías. "Esta asociación será la encargada de hacer todo el seguimiento de esta cuestión, de vehicular el dinero que la ciudadanía aporta para hacer frente a los gastos jurídicos que reciben como consecuencia de posiciones enmarcadas en la independencia y acciones cívicas pacificas y democráticas", han explicado. 

También han querido subrayar que, si bien fue creada para responder a las multas y fianzas de los políticos independentistas, ahora pretenden que se haga extensible a otras personas con menor reconocimiento mediático. "Se ha ampliado y se ampliará más. No solo para aquellos políticos conocidos por todos sino por ejemplo algún CDR, trabajadores públicos", ha comentado De Gispert.