HERENCIA DEL PP
La 'ley mordaza' entra en una fase de enmiendas que durará varias semanas
El PSOE ya anuncia que pedirá que se habilite enero para que el texto esté listo "lo antes posible" y se puedan estudiar las 200 modificaciones propuestas
Manifestación en contra de la 'ley mordaza' en Valencia. / periodico
Por qué confiar en El Periódico La ponencia encargada de estudiar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'ley mordaza' por sus detractores, ha arrancado este martes la discusión de las más de 200 enmiendas que los grupos parlamentarios registraron 200 enmiendasa la citada norma.
Un debate que el presidente de la Comisión de Interior, el 'popular' Rafael Catalá, augura que durará "semanas" debido a la "complejidad" de la reforma, según ha comentado a los periodistas antes del inicio de la citada reunión.
De hecho, el PSOE ya ha anunciado que aprovechará esta primera reunión de la ponencia para pedir que se habilite el mes de enero con el fin de poder seguir trabajando sobre un texto que aspira a que esté listo "lo antes posible".
Los grupos acordaron dedicar todo este martes, mañana y tarde, a comenzar a negociar las más de 200 enmiendas presentadas a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, una iniciativa impulsada por el PNV que pretende modificar la norma que el PP aprobó en solitario en el 2015en solitario, con toda la oposición en contra.
Renuncia socialista
El PSOE también llegó a presentar una proposición de ley contra la Ley de Seguridad Ciudadana, pero en su caso para derogarla, si bien finalmente renunció a su texto en favor del de los nacionalistas vascos, que es sobre el que el Congreso va a trabajar.
En su última reunión la ponencia no pudo avanzar porque el PSOE no había presentado enmiendas a la iniciativa del PNV, ya que en su día ambos partidos acordaron no enmendarse sus respectivas leyes. Los socialistas propusieron modificaciones 'in voce', pero varios grupos reclamaron que se trasladaran por escrito para así facilitar la negociación.
La idea inicial, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, es que este martes los grupos comiencen a trabajar sobre aquellos asuntos en los que existe más consenso y dejar para el final los que generen más divergencias.
Con el fin de que no haya interrupciones por el paréntesis navideño, el PSOE pedirá este martes que los grupos no interrumpan su trabajo en enero, inhábil a efectos parlamentarios, con el fin de que el informe de la ponencia pueda estar listo cuanto antes. En ese escenario, el Congreso y el Senado podrían culminar la reforma y completar la tramitación parlamentaria antes del verano del 2019.
De entrada, este martes los ponentes comenzarán a analizar las 184 enmiendas que han presentado a la proposición de ley del PNV --de las cuales 17 son del PP; 55 de Unidos Podemos; 33 de Ciudadanos; 13 de Esquerra Republicana (ERC); 6 del PDeCAT; y 59 de Bildu, que es el partido que más modificaciones pretende introducir--, así como las 25 presentadas por el PSOE con idea de buscar una transacción sobre estas enmiendas.
Pacto presupuestario
En el acuerdo presupuestario firmado a la vuelta del veranoacuerdo presupuestario por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, las partes se comprometieron también a revertir los artículos de la ley del PP que, a su juicio, tenían por objetivo "desalentar la protesta social" y "limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión".
En concreto, acordaron que la ausencia de comunicación previa deje de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollen de forma pacífica, y a que la actuación policial tenga como guía "la dignidad de la persona y los derechos humanos".
Además, defienden la conveniencia de que los agentes lleven siempre una identificación "claramente visible", que el registro corporal sólo se aplique en casos de "indicios concretos y comprobables" y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto, y que en la comisaría sólo se pueda estar retenido un máximo de dos horas.
Multas proporcionales
El acuerdo contemplaba también ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación al criterio capacidad económica del castigado, revisar "en profundidad" los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión, e "introducir el paradigma restaurativo en el ámbito de estas infracciones administrativas y en todos los tipos de la ley que lo permitan".
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