La Fiscalía ultima una limitación de las acusaciones por delitos de odio

La Fiscalía General del Estado prepara una circular que hará llegar a todos los fiscales delegados de delitos de odio para limitar sus acusaciones. Este movimiento se produce después de que España haya recibido en los últimos meses algún revés del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como el de la sentencia por la quema de fotografías del Rey en Girona en 2007, que la corte de Estrasburgo consideró que era libertad de expresión.

La fiscal general, María José Segarra, pidió este lunes una "reflexión sosegada" y fuentes del ministerio público confirman a ACN que se está trabajando ya en este documento para unificar criterios y adaptarlos a las decisiones de Estrasburgo. El texto debe estar listo durante el primer trimestre del 2019.

Este tipo de delitos se recogen en el artículo 510 del Código Penal que preve, en los casos más graves, condenas de entre uno y cuatro años de prisión para las personas que fomenten el odio o la violencia contra una persona o colectivo por motivos racistas, antisemitas, religiosos y de otras circunstancias.

"Reflexión sosegada"

En la jornada celebrada en Madrid, Segarra conminó a los fiscales a promover una respuesta penal "proporcionada, garantista y disuasoria" a este tipo de conductas, que han ido en aumento en los últimos años.

Durante su intervención de apertura, la fiscal general del Estado recordó que la mayor parte de estos delitos se cometen "con abuso de las tecnologías de la información", y además se está produciendo un aumento importante de estas conductas, por lo que se hace necesaria "una reflexión sosegada" que facilite la unidad de actuación de la Fiscalía, que quizá en algunos casos no se estaba aplicando.

Segarra también incidió en que la orgánica 1/2015 que modificó el artículo 510 del Código Penal para los delitos de odio no ha supuesto crear una categoría unívoca de estas conductas, que siguen diseminadas en la norma. "Los difusos contornos típicos quizá no permiten aflorar todas las conductas de intolerancia", admitió, por lo que se hace necesario estudiar el asunto y sacar conclusiones que se verterán en una próxima circular.

De Willy Toledo a Dani Mateo

En los últimos meses han saltado a la palestra casos como el de los 'titiriteros', el del actor Willy Toledo o el del humorista Dani Mateo. Así pues, la Fiscalía quiere unificar su criterio y adaptarlo a las sentencias del TEDH, que han llegado incluso a corregir a la justicia española en condenas por casos de odio, tal y como ocurrió con los jóvenes gerundenses condenados por quemar fotos del Rey en 2007.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que "evidentemente" comparte la postura de la Fiscalía General del Estado porque "hay que seguir protegiendo las libertades de una democracia que empezamos a achicarla y no sabemos donde termina ese achique".

Calvo ha añadido que "la historia da lecciones y que Europa tiene que aprender también de sus lecciones" en pleno siglo XXI donde los socialistas españoles, en general, y los andaluces, en particular, "somos un espacio ideológico al que mira mucha gente en Europa y en el mundo y eso forma parte de nuestra manera de mirar la vida y mirar las cosas".

Para la vicepresidenta del Gobierno, "hay que sostener las instituciones y la democracia con más respeto, con más diálogo, y con menos temeridades". Calvo ha incidido en que "los socialistas siempre hemos peleado por la democracia y por las libertades" y ha subrayado que "la democracia es libertad e igualdad combinada".

"La derecha y las derechas y el peligro que se avecina con una fuerza como VOX es una especie de vuelta atrás de lo que este país ya ha construido en 40 años", aunque en España hay todavía "millones de personas" que tienen "memoria de cuando no teníamos libertades en España".

El PP niega la desproporción

El exministro de Justicia y actual responsable de esta materia en el PP, Rafael Catalá, no cree que se esté haciendo una interpretación "desproporcionada" o "desorbitada" de los delitos de odio. "No creo que se esté aplicando de manera desproporcionada ninguna ley aprobada por un Parlamento democráticamente. Estoy convencido de que los jueces aplican las leyes en los términos en que han sido aprobadas y no me parece que haya ninguna interpretación desorbitada ni en esa materia ni en ninguna otra", ha dicho Catalá en el Congreso.