El TSJC rechaza "por ahora" investigar a Pere Aragonès por el 1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rechazado investigar al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por la organización del referéndum unilateral del 1-O. El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que tramita la causa por los preparativos de la consulta, imputabal a alto cargo de la Administración catalana un presunto delito de desobediencia, cuando era secretario de la Conselleria d'Economia, y elevó una exposición razonada al TSJC para que abriera un proceso contra él en su condición de aforado. La sala de admisiones del alto tribunal catalán considera que por ahora no hay suficientes indicios para hacerlo. En cambio, sí lo hará en el caso del diputado Josep Maria Jové, que era secretario general de Economia y número dos del 'exconseller' Oriol Junqueras.

El auto sostiene que en la exposición razonada del juez no se detallan los "concretos actos" que podría haber realizado u omitido Aragonès, a la sazón secretario de Economia y subordinado de Jové, para "sostener" la celebración del referéndum unilateral suspendido por el Tribunal Constitucional (TC). Por esa razón, inciden los magistrados, se "impide por ahora" su investigación, sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en el curso de la instrucción que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

La decisión del TSJC va en la misma línea que el criterio de la Fiscalía Superior de Catalunya, que se mostró favorable a investigar a Jové, pero no a Aragonès. El alto tribunal catalán ha designado como instructora del proceso contra el que fuera número dos de Junqueras a la magistrada Maria Eugènia Alegret.

El "comité ejecutivo del entramado"

El alto tribunal cree que existen indicios que relacionan a Jové "con la hoja de ruta prevista para alcanzar la independencia de Catalunya por la vía unilateral, contra las sentencias y mandatos del Tribunal Constitucional y con la asistencia al referéndum convocado por el Govern", que fue suspendido. Entre esas sospechas, los magistrados apuntan a la posible participación del exsecretario general de Economia en el denominado "comité ejecutivo del entramado" creado por el Govern "y otras personas", desde el 2015, para conseguir la secesión "tras la realización de un referéndum de autodeterminación y prescindiendo de las leyes y de los mandatos del Tribunal Constitucional".

Para el TSJC, también existe una "eventual responsabilidad" de Jové en la organización del 1-O, en el que "se invirtieron, directamente o mediante personas interpuestas, fondos públicos, o bien se comprometió el correspondiente gasto, por una suma aún por determinar", lo que considera que podría constituir un delito de malversación.

Fichero de datos

Los magistrados sostienen que Jové podría ser autor de un delito de revelación de secretos, por la utilización ilícita del fichero de datos personales de la población de Catalunya del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) para el referéndum. Según el TSJC, el diputado firmó el 28 de febrero del año pasado un convenio de colaboración con el Idescat que autorizaba a la entidad a remitir al departamento de Vicepresidència, trimestralmente, el fichero del registro de población catalana. El objetivo, según el tribunal, era usar esta información para el 1-O. 

El TSJC recalca que a dichos ficheros "tuvieron acceso múltiples personas, ya que con él se confeccionaron las listas de electores adscritos a los colegios electorales, el nombramiento de cargos para las mesas electorales y tarjetas censales del referéndum suspendido y los sistemas informáticos de votación".