El Gobierno destituye al abogado del Estado de la causa del 'procés'

La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha procedido a apartar de la jefatura del departamento de Penal de los Servicios Jurídicos del Estado por pérdida de confianza al abogado del Estado Edmundo Bal, que por esa circunstancia era también quien representaba a la Abogacía del Estado en la causa del 'procés', en la que finalmente el Gobierno decidió acusar por sedición, y no por rebelión, a los líderes independentistas catalanes acusados.

La decisión que se ha producido apenas 20 días después de la presentación de ese escrito obedece, según fuentes jurídicas, a que Castro se habría sentido desautorizada por Bal, al discutirle este sus instrucciones en relación con este procedimiento. Debido a ello su superior entendió que no puede ser él quien represente a los Servicios Jurídicos del Estado durante la vista que se celebrará en el Tribunal Supremo a partir el próximo mes de enero.  

Bal se negó a firmar el escrito de calificación presentado por este cuerpo, dependiente del Ministerio de Justicia, que finalmente suscribió Castro, a diferencia del de la fiscalía, que sí rubricaban los cuatro fiscales adscritos al caso. En cualquier caso, y pese a no ser el primer texto elaborado por la Abogacía, en el finalmente presentado ante el Tribunal Supremo se traslucía que la primera intención de los Servicios Jurídicos del Estado era acusar por rebelión. Por ello, la descripción de los hechos era tan similar a la utilizada por la fiscalía que prácticamente solo difería en que "enfrentamiento" o "altercado" en vez de violencia. 

Según ha informado el Ministerio de Justicia, la jefatura de lo Penal de la Abogacía del Estado, que ejercía Bal, es un cargo de confianza del cuerpo y como tal depende directamente de la abogada general. La ministra, Dolores Delgado, ha confirmado en un acto la decisión de Castro y le ha mostrado su respaldo público.

Problemas con Llarena

La situación de Bal ya era complicada desde hace meses. De hecho llegó a ser apartado durante unas horas de su puesto por Delgado el pasado verano junto al subdirector general de los Servicios Contencioso, Luis Gonzaga Serrano, tras la polémica que se suscitó a raíz de la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en relación con la demanda presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra él en Bélgica. En aquella ocasión el cese no llegó a mayores, porque la propia ministra rectificó y les comunicó su restitución en sus puestos sin que no llegara a ser publicado en el BOE. 

Edmundo Bal siempre se ha destacado por sus incisivos interrogatorios, como durante el juicio de la primera época de la Gürtel o a lo largo de la instrucción del 'caso Pujol'. En la vista oral de la financiación del PP valenciano fue a preguntas suyas y no de la fiscalía cuando el líder de la trama corrupta Francisco Correa confesó que el que ordenó que Orange Market cobrara los trabajos que había hecho para el partido a través de pagos de empresarios fue el entonces secretario general del partido en Valencia, Ricardo Costa.