El Gobierno exigirá a la Fundación Francisco Franco los documentos de su archivo

Antes de iniciar cualquier proceso de ilegalización, el Ministerio de Cultura va a requerir a la Fundación Nacional Francisco Franco los cerca de 30.000 documentos históricos que guarda. El Ejecutivo lo ha dado a conocer esta tarde en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador Carles Mulet, de la formación valenciana Compromís.

Cultura anuncia que, siendo notorio lo que la fundación guarda como  'Archivo de Francisco Franco', va a recordar a esa entidad, que preside el general Juan Chicharro, que, por la Ley de Patrimonio Histórico, los papeles de ese archivo son de propiedad pública. 

La web de la Fundación Francisco Franco dice en su página de presentación que "el principal activo" de la entidad es "el Archivo de Francisco Franco, que contiene unos 30.000 documentos que son clave para la historia de España, ya que representan la práctica totalidad de la documentación que pasó por las manos de quien fuera Jefe del Estado".

Entre esos papeles, la mayoría de ellos guardados en su sede de la Avenida Concha Espina de Madrid, hay cartas de otros jefes de Estado, "informes confidenciales del Estado Mayor, distintos ministerios y embajadas", así como las anotaciones manuscritas que hacía el dictador sobre borradores de leyes.

La fundación ofrecía en su portal de internet un acceso a ese archivo, pero actualmente, a quien pulsa el link para entrar le responde con un cartel de "cerrado temporalmente", y la foto de una puerta. La pestaña "índice" tampoco es accesible. Al visitante le responde con este mensaje: "En Construcción".

En su respuesta parlamentaria dada a conoces este martes, el Gobierno avisa de la obligatoriedad de cumplir las normas sobre Archivos, Protección de Datos Personales y Propiedad Intelectual "sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrirse por la retención indebida por parte de la Fundación".

La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español señala en su artículo 49,2 que son de propiedad pública "los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público (...) ypor las personas privadas, físicas o jurídicas gestoras de servicios públicos". El Código Penal advierte de la imposición de penas de prisión de seis meses a tres años a quienes expolien "bienes de valor histórico".