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CASO DE LA CAJA B

El juez De la Mata pide a Interior un informe sobre el espionaje a Bárcenas

Pide identificar al que participó en los pagos al chófer del extesorero del PP y la sustracción de sus documentos

También cita al constructor Marjaliza por los pagos al Partido Popular que admitió en Púnica

Ángeles Vázquez

Luis Bárcenas a la entrada de la Audiencia Nacional.

Luis Bárcenas a la entrada de la Audiencia Nacional. / DAVID CASTRO

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor de la pieza separada del caso Gürtel relativa a la caja b del PP descubierta gracias a la contabilidad manuscrita que llevó durante años su extesorero Luis Bárcenas, ha decidido abrir una nueva vía de investigación a partir de las informaciones periodísticas que apuntan a que el Ministerio del Interior, mientras estaba al frente Jorge Fernández Díaz, vigiló y sustrajo al exsenador documentación sobre los pagos en b del Partido Popular.

En un auto ha requerido a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior para que, a la "máxima urgencia", elabore y le remita un informe completo relativo a la denominada operación Kitchen, en la que, según ha publicado el diario El Mundo, se habría sustraído la agenda personal y de trabajo del extesorero por un dispositivo policial del que formó parte el excomisario José Manuel Villarejo, en prisión desde hace un año por el 'caso Tándem', en el que se investigan las cloacas policiales. La documentación que se robó a Bárcenas "en ningún momento" fue puesta "a disposición de la Audiencia Nacional".

Durante el traslado de los documentos, el chófer del extesorero, Sergio Ríos, que había sido "captado como confidente de la policía", los fotocopió íntegramente y se los entregó a Villarejo, que guardaba en su domicilio documentación relacionada con la operación. Entre los documentos había "contratos entre el PP y empresas proveedoras que sirvieron para financiar irregularmente el partido". Algunos de ellos Bárcenas los vinculaba con imposiciones realizadas por la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal "para beneficiar a su entorno directo".

Tras este sucinto resumen de lo que pretende investigar, el juez concreta a Interior que el informe debe incluir "los objetivos, preparación, aprobación, ejecución, supervisión y control detallando las identidades de todas las personas que hayan participado" en la operación y "la de sus últimos responsables, con expresión de sus tareas y responsabilidades". Dicho informe deberá ir "acompañado de toda la documentación generada y/u obtenida durante su desarrollo como oficios, informes, notas de servicio y cualesquiera otros documentos incautados o recibidos, en cualquier soporte o cualquier vía".

El juez también pide a El Mundo que ponga a su disposición toda la documentación que tenga sobre la operación Kitchen. Este requerimiento, precisa el auto, respetará en todo caso el secreto profesional que ampara el ejercicio de la función periodística, que protege la identidad de las fuentes y demás documentos que puedan menoscabar la reserva de su identidad.

Declaración de Marjaliza

En otro auto, el instructor ha acordado varias citaciones de las solicitadas por la acusación de IU, entre ellas la declaración como investigado del constructor David Marjaliza "en relación con la realización de actos de soborno sobre diferentes responsables políticos, principalmente vinculados al Partido Popular y, en particular, con presuntos pagos realizados en metálico a la tesorería nacional de esta fuerza política”.

La resolución pide al Juzgado Central de Instrucción 6 que le envíe la declaración que Marjaliza hizo el pasado 12 de julio en el 'caso Púnica', en el que admitió "un pago de 60.000 de euros" en la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid, al propio Bárcenas y a su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, ya fallecido.

Según Marjaliza, el principal imputado en Púnica, el exconsejero madrileño Francisco Granados, le dijo en el 2007 que tenía "que tener un gesto y que hiciera una donación en Génova". La realizó a través del exconcejal madrileño José Fernández Bonet, citado como testigo.