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LA CRISIS CATALANAS

La investigación contra los alcaldes por el 1-O sigue estancada un año después

La fiscalía aún no ha denunciado a ningún regidor y algunas investigaciones se han archivado

Los juristas barajan que solo haya delito si se cedieron locales municipales para el referéndum

J. G. Albalat

Alcaldes independentistas en el pleno del Parlament en el que se declaró la DUI.

Alcaldes independentistas en el pleno del Parlament en el que se declaró la DUI. / ALBERT BERTRÁN

La fiscalía catalana todavía no ha presentado denuncia alguna en los juzgados contra los alcaldes que apoyaron o cedieron locales para la celebración del referéndum unilateral del 1-O. El caso sigue estancado a pesar de que ha pasado un año desde que el entonces fiscal general del Estado, el fallecido José Manuel Maza, ordenara que se abrieran investigaciones para aclarar si los ediles habían cometido un delito de desobediencia por no acatar la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la consulta soberanista.

Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, hay diligencias incoadas por la fiscalía que han sido archivadas, con el visto bueno de la misma Fiscalía General del Estado. Sin embargo, hay otras causas contra alcaldes de localidades que pertenecen a la Associació de Municipis per la Independència (AMI) en los que se está ultimando una propuesta de denuncia. La decisión final será, según las diversas fuentes consultadas, de la Fiscalía Superior de Catalunya, que también tramita investigaciones contra alcaldes que tienen la condición de aforados por ser diputados, y, en última instancia, de la fiscala general del Estado, María José Segarra. "Se tomará una decisión de forma individualizada y caso por caso, no globalmente", han explicado diversas fuentes de esta institución.

La corriente mayoritaria de la fiscalía discrepa de que todos los casos sean considerados delito. La línea divisoria entre la comisión de una infracción penal o no es si los consistorios no solo firmaron un decreto en apoyo al referéndum, lo que podría considerarse una declaración política, sino si también llegaron a ceder locales para la votación del 1-O. De ahí que la fiscalía catalana haya requerido a una serie de ayuntamientos y a la policía que informen sobre si se destinaron dependencias de titularidad municipal para la consulta soberanista. En algunas poblaciones los equipos de gobierno de entonces sí lo hicieron. Un ejemplo, Badalona cuando gobernaba Dolors Sabater.

Veinticinco asuntos de entrada

En un primer momento, las fiscalías territoriales repartidas por Catalunya incoaron 25 diligencias de investigación que correspondían a los ayuntamientos de la AMI más relevantes. Este listado se incluía en la orden dictada en septiembre del 2017 por Maza. El escrito dejaba la puerta abierta a que se hiciera lo mismo respecto a otros de los 712 consistorios que pertenecen a la AMI.

De esta manera, durante este 2018,  la Fiscalía de Barcelona ha abierto más investigaciones contra alcaldes de poblaciones menores, sobre todo radicadas en el Baix Llobregat, según han explicado a este diario fuentes jurídicas. Estos ediles declararon cono imputados el pasado septiembre por orden de la fiscalía. Aún falta por saber si se interpone denuncia o no contra ellos en los juzgados, como pasa con otros alcaldes que ya han sido interrogados con anterioridad. Es el caso de los de MollerussaMarc Solsona; Pont de SuertJuan Antonio TroguetOlianaMiguel Sala, o La Seu d’UrgellAlbert Batalla, entre otros.

La fiscalía prorrogó el pasado abril algunas de las investigaciones contra alcaldes, que empezaron, en algunos casos, en septiembre del año pasado. Por lo tanto, han pasado los seis meses de plazo máximo permitido por la ley para instruir un asunto. Este hecho hace pensar que la decisión de si se presenta o no la denuncia (o querella) contra los ediles es inminente.

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