Ir a contenido

MAGNICIDIO FRUSTRADO

El tirador de Terrassa, ¿un terrorista?

Iglesias, Rufián y Garzón critican a la Audiencia Nacional porque el caso no se considere terrorismo

El juzgado de la localidad al que informaron los Mossos no se inhibió ni comunicó al tribunal de Madrid su prisión

Ángeles Vázquez

 La sede la Audiencia Nacional, en Madrid.

 La sede la Audiencia Nacional, en Madrid. / Europa Press

Las redes sociales son el espacio ideal para mezclar churras con merinas y la detención de Manuel Murillo, después de anunciar en un grupo de whassap su intención de asesinar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha supuesto que contra quien se 'disparara' en internet fuera contra la Audiencia Nacional, ignorando que este tribunal ni siquiera se ha pronunciado al respecto, ya que solo ha tenido conocimiento de lo ocurrido este jueves a través de los medios de comunicación.

Ni los Mossos ni el Juzgado de Terrassa que firmó la orden de registro del domicilio de Murillo, en el que se encontraron 16 armas de fuego, incluidos rifles de alta precisión y un subfusil de asalto, debieron entender que se trataba de terrorismo, porque si no, el registro debería haberse ordenado por la Audiencia Nacional o, después del hallazgo, el juzgado debería haberse inhibido. Ni en el auto de prisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Terrassa ni en el de la Audiencia Provincial de Barcelona que la ratifica se menciona terrorismo entre los delitos que se imputan a Murillo. Los que le atribuye son "conspiración para cometer atentado contra el jefe del Gobierno español y tenencia ilícita y depósito de armas, municiones y explosivos". La segunda resolución precisa incluso que se deja "al margen el delito de odio", porque "por el momento no cuenta con demasiados indicios".

El delito de atentado contra el jefe del Gobierno no es competencia de la Audiencia Nacional. Fue, por ejemplo, del que se acusó al joven que agredió en Galicia al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y se instruyó en Galicia.

Terrorismo y enaltecimiento

Pese a ello, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el diputado de ERC Gabriel Rufián y el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, sí tienen claro que es terrorismo y han aprovechado para atacar a la Audiencia Nacional a través de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, por los que ha juzgado y condenado a raperos y tuiteros, así como, lo más grave de todo, cuando envió a prisión a unos titiriteros por una pancarta que decía "Gora Alka-ETA" en una causa que, como no podía ser de otro modo, acabó siendo archivada.

Fuentes de la Audiencia Nacional explican que la competencia para juzgar los delitos de enaltecimiento les corresponde porque el legislador los situó en el capítulo de terrorismo del Código Penal y se muestran partidarias de su reforma para que acompañen a los delitos de odio y pasen a corresponder a los juzgados ordinarios.

Una reforma legal en manos de los diputados como Iglesias, aunque él haya acusado a la Audiencia de "desentenderse" de este caso. "Por contra, los titiriteros de Alkaeta, tuiteros y raperos sí fueron juzgados y algunos condenados y encarcelados por la AN. Están que lo parten últimamente algunos jueces", ha escrito en Tuiter. 

Rufián, en un tuit destacaba que lo que para otros países es un "terrorista fascista armado" en España es "un pobre hombre harto de rojos y separatas".

"Han detenido a un francotirador de ideología franquista que pretendía matar a Pedro Sánchez. Tenía 16 armas de fuego en su casa. Sin embargo, la Audiencia Nacional, que ha condenado a raperos por sus letras, considera que este caso no es terrorismo. La "justicia" española", ha escrito Garzón. 

El eurodiputado de la formación morada Miguel Urbán, por su parte, ha señalado que es "alarmante la cantidad de amenazas que sufrimos todas las personas que estamos levantando la voz contra la impunidad que vive el franquismo en este país".

CDR

Desde otros ámbitos la crítica a la Audiencia se produce por el procedimiento que abrió, a instancias de la fiscalía, contra dos activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR), después de las protestas que se produjeronen Semana Santa tras el arresto en Alemania del expresidente catalán Carles Puigdemont, que también ha aprovechado para en tuiter decir que sería terrorismo si la acción fuese a favor de la independencia. Pese al criterio fiscal, que consideraba que los hechos podían ser constitutivos de rebelión o de terrorismo, el magistrado los calificó de desórdenes públicos y los ha remitido a los juzgados catalanes.

Fuentes jurídicas destacan que para condenar por terrorismo a un yihadista que actúa en solitario, entre otras diligencias, se comprueban sus vínculos con las organizaciones Al Qaeda o Estado Islámico en internet y si en su caso se cumple el requisito de finalidad, como alterar gravemente la paz pública o subvertir el orden constitucional, que exige el tipo.