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VISTA POR LA CONSULTA DEL 2014

Mas se desvincula de Homs por el 9-N ante el Supremo

El letrado alega ante el Supremo que el 'exconseller' sí se implicó "de propia mano" en no acatar al TC

El tribunal revisa las penas de inhabilitación al 'expresident', a Ortega y a Rigau por desobediencia

El Periódico

Irene Rigau, Artur Mas y Joana Ortega, en una imagen de archivo.

Irene Rigau, Artur Mas y Joana Ortega, en una imagen de archivo. / FERRAN SENDRA

El abogado de Artur Mas, Xavier Melero, ha solicitado este miércoles ante el Tribunal Supremo la absolución del expresidente de la Generalitat por la consulta del 9-N alegando que él, a diferencia del 'exconseller' Francesc Homs, no efectuó ningún "acto ejecutivo" dirigido a organizar la votación tras la prohibición del Tribunal Constitucional.

Según el letrado, el caso de Mas "no es el mismo que el de Homs", dado que en el 'exconseller' sí hizo "actos ejecutivos" que demuestran que se implicó "de propia mano en el no acatamiento de la providencia del TC" en la que declaraba ilegal la consulta. "Mas, en el peor de los casos, dudaba, y no dudaba solo. La duda del señor Mas en aquellos días iba acompañada de las dudas de toda una serie de operadores de la máxima cualificación jurídica en Catalunya", ha argumentado Melero.

Mas ha pedido su absolución para acallar a quienes "mercadean con las resoluciones judiciales" y demostrar que el alto tribunal es "ecuánime" sin importar quién sea el imputado, si bien su abogado ha reconocido la dificultad de que eso suceda tras la condena a un año y un mes de inhabilitación que impuso el alto tribunal a Francesc Homs por el 9-N. El 'expresident' fue condenado en el 2017 a dos años de inhabilitación por un delito de desobediencia.

La fiscalía se reafirma

El letrado de Mas ha hecho esta petición durante la vista que celebra la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para revisar las condenas a Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la 'exconsellera' Irene Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta del 9 de noviembre del 2014. Una vista en la que, pese a los argumentos de Melero, el fiscal Jaime Moreno ha defendido la condena de inhabilitación a Mas porque, al igual que los otros sentenciados por estos hechos, sabía "perfectamente" que "aquello que habían convocado era una actuación inconstitucional".

A juicio de la fiscalía, los sentenciados siguieron adelante con la consulta "por la situación de exigencia al Gobierno catalán de imponerse en esa especie de desafío a la legalidad vigente". El propio Mas, ha destacado Moreno, era consciente de su responsabilidad y, "en un alarde ante la prensa", dijo: "Si la fiscalía quiere conocer quién es el responsable, que me miren a mí, soy yo y mi Govern".

"No solo no se paralizó, sino que se decidió mantenerla e impulsarla y se mantuvo ese desafío a la legalidad", ha afirmado el fiscal, para añadir que tras recibir la notificación del TC el 4 de noviembre los encausados hicieron una serie de actos "activos y necesarios" para celebrar la votación, como mantener la página web y el correo oficial del 9-N, repartir el material los días 7 y 8 o acondicionar el centro de prensa.

"Si hubieran desconvocado, si no hubieran hecho absolutamente nada, la consulta no hubiera podido celebrarse", ha concluido el fiscal, para quien su actuación "no se trató de una desobediencia mínima, sino una desobediencia absoluta".

Recursos en estudio

La vista fue inicialmente señalada para el pasado 25 de abril, pero días antes los magistrados acordaron aplazarla 'sine die' debido a "necesidades del servicio". Ahora el tribunal formado por los magistrados Luciano Valera, Alberto Jorge Barreiro, Antonio del Moral, Vicente Magro y Eduardo de Porres --que tomó posesión en septiembre-- estudiarán los recursos presentados por Mas, Ortega y Rigau.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dictó una sentencia el 13 de marzo del 2017 en la que condenó al expresidente catalán a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 36.500 euros. Además, impuso un año y nueve de meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros a Ortega; y a un año y seis meses y una multa de 24.000 euros a Rigau, ambas también por desobediencia, aunque en su caso como colaboradoras necesarias.

El TSJC, que absolvió a los tres por prevaricación administrativa, concluyó que las 'exconselleres' y el 'expresident' desobedecieron "consciente y deliberadamente" el mandato del Constitucional al mantener la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 pese a la orden de suspenderla.

Actos de desobediencia

Tras la suspensión cautelar del tribunal de garantías del 4 de noviembre del 2014 se mantuvo activa la web institucional, la campaña de publicidad, el reparto masivo de correspondencia oficial, se repartió el material para la votación, se instalaron los programas informáticos y se acondicionó un centro de prensa para dar los resultados, señaló el fallo.

También se dictaminó que el proceso contra el expresidente catalán, Ortega y Rigau no fue por la convocatoria del proceso participativo ni tampoco por la colocación de urnas, sino que lo que se juzgó fue la desobediencia de una orden del Tribunal Constitucional.

Además, el tribunal que les juzgó contradijo la estrategia de las defensas --especialmente de Ortega-- sobre que el proceso participativo estaba en manos de los voluntarios, pues concluyó que éstos estuvieron siempre bajo el control organizativo de la Generalitat y que su generosidad hubiera resultado "inútil" si no se hubieran dispuesto de centros para la votación, material y equipo tecnológico necesarios.

Vulneración de derechos

En su recurso presentado ante el Tribunal Supremo en mayo del pasado año Mas alega que la condena de dos años de inhabilitación vulneraba sus derechos fundamentales amparados por la Constitución como la libertad ideológica, la participación en asuntos públicos y el acceso a cargos públicos y afectaba además a los derechos de un número muy significativo de ciudadanos, "lo suficientemente grave como para incurrir en vicio de inconstitucionalidad".

Al respecto dijo que para los 2.350.000 catalanes que se involucraron en la consulta, sus actos "constituían un legítimo y masivo ejercicio de derechos fundamentales como los de libertad ideológica, de expresión, de manifestación o el derecho de participación directa en asuntos públicos".

Artur Mas estuvo investigado en la causa que posteriormente abrió el Tribunal Supremo por el proceso soberanista en Cataluña, que culminó con la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) el 27 de octubre de 2017; si bien, el juez instructor Pablo Llarena finalmente no le procesó por ningún delito.