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CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno niega haber "impuesto" la sedición a la Abogacía del Estado

La acusación se ha hecho "con criterios jurídicos y técnicos", señala Delgado

Calvo no explica los motivos de los cambios de criterio de Sánchez sobre la rebelión

Juan Ruiz Sierra

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / DAVID CASTRO (EFE TV)

La Abogacía del Estado depende del Ministerio de Justicia. No actúa sin su visto bueno. Su decisión de acusar a los líderes independentistas por sedición, un delito menos grave que el de rebelión al no exigir violencia, implica, en teoría, reconocer que el Gobierno no comparte los argumentos de la fiscalía, que mantiene el tipo más elevado. Pero el Ejecutivo lo negó este viernes. "No ha habido imposición de ningún criterio", señaló la titular de Justicia, Dolores Delgado, rechazando que la Fiscalía quede "socavada", porque las "dos posiciones", rebelión y sedición, "son defendibles".

"La Abogacía del Estado ha trabajado con criterios de profesionalidad, jurídicos y técnicos", continuó Delgado tras el Consejo de Ministros. Aun así, sentada a su lado, la vicepresidenta, Carmen Calvo, añadió: "El Ministerio Fiscal tiene que actuar con los criterios de independencia. La Abogacía del Estado tiene un estatus distinto".

Críticas desde ambos lados

Durante todo el proceso, la fiscalía ha venido defendiendo que lo ocurrido el pasado otoño en Catalunya era rebelión. La Abogacía del Estado, que hasta ahora solo había calificado de "gravísimos" los hechos investigados, podría haberse limitado a acusar de malversación, ya que está personada en la causa a instancias de Hacienda por la presunta comisión de esta delito. Pero el Ejecutivo ha decidido ir más allá.

En un momento en el que desde ERC y el PDECat exigen a Pedro Sánchez "gestos" para negociar los Presupuestos del año que viene, la acusación de la Abogacía del Estado resulta "insuficiente" para el independentismo. Republicanos y convergentes siempre han pedido que el Gobierno "inste" a la fiscalía a retirar su acusación de rebelión, pero Sánchez no ha estado dispuesto a llegar tan lejos. En todo caso, el Gobierno desligó la acusación de la Abogacía del Estado del debate sobre las cuentas públicas. "Esto no es una cuestión de gestos, sino técnico jurídica", dijo Delgado.

Para el PP y Cs, en cambio, la decisión de la Abogacía del Estado es una prueba más de que el Ejecutivo es "rehén" de los independentistas por su apoyo a la moción de censura. "Es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la fiscalía", denunció el líder de los conservadores, Pablo Casado. Desde Podemos, en un tono muy diferente, Pablo Iglesias mostró su "tristeza" porque "la judicialización del conflicto catalán siga entorpeciendo la gestión de un problema político".

Los distintos mensajes

Sánchez ha dado señales contradictorias sobre su calificación del 'procés' durante los últimos meses. El pasado 17 de mayo, poco antes de llegar a la Moncloa, el líder socialista dijo en Antena-3: "Lo que se produjo se puede entender como un delito de rebelión". Sin embargo, solo un día antes había mantenido justo lo contrario. Sánchez propuso reformar el delito de rebelión para "adecuarlo" al escenario catalán, porque "es evidente que tal y como está tipificado no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido en los últimos meses". Esta posición casa mejor con la que el presidente desplegó la semana pasada en el Congreso, cuando sugirió que el delito no era aplicable al 'procés'.

Sus palabras no fueron del todo claras, pero vinieron a preparar, según algunas fuentes del Ejecutivo, el terreno para la decisión de este viernes. Calvo, en cualquier caso, no quiso aclarar por qué Sánchez había cambiado de opinión, escudándose en que antes era el líder de la oposición y ahora el jefe del Gobierno, casi como si se tratara de dos personas distintas. "Nosotros somos Gobierno ahora. Respondemos de la posición del Gobierno. La posición del Gobierno es la que es, institucional y constitucionalmente hablando. Entiéndalo", zanjó la vicepresidenta.