LA CAUSA DEL 'PROCÉS'
La Guardia Civil investiga al 'conseller' Puigneró por el 1-O
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat
La Guardia Civil ha tomado declaración como investigado al 'conseller' de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró Ferrer, por la activación de las páginas webs de promoción del referéndum unilateral de 1-O, así como por la aplicación del Registro de Catalanes en el Exterior y el programa Conéctate al Voluntariado. El alto cargo compareció ante los agentes del instituto armado el pasado 9 de abrily se acogió a su derecho a no declarar, aunque se le informó de que se le estaba investigando por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia y revelación de secretos.
La Guardia Civil sostiene que Puigneró, como secretario de telecomunicaciones, ciberseguridad y sociedad digital, fue responsable de las acciones llevadas a cabo por personas bajo su cargo, poniendo al servicio del referéndum unilateral, "a sabiendas de su ilegalidad", la página web Referéndum.cat y otras aplicaciones informáticas, según un informe remitido al juzgado de Barcelona que investiga el 1-0 y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Los agentes, además, destacan que el ahora 'conseller' "desobedeció reiteradamente" los mandatos de la autoridad judicial una vez cerrada dicha página web, "permitiendo o no tomando las medidas necesarias para evitar que se abrieran constantemente otros dominios, tales como referéndum.eu". Según el instituto armado, de esta manera, entorpeció la labor de la justicia "a favor del acto independentista del 1-O".
En el supuesto de que el juez de Barcelona decidiera continuar la investigación contra Puigneró, esta parte debería remitirse al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), por el aforamiento de este investigado.
El 'conseller' ha reaccionado en Twitter a la investigación sosteniendo que "la represión y la persecución política siguen".
Altos cargos de medios públicos
Por otra parte, en la causa por los preparativos del 1-O se ha incorporado una serie de oficios que desvelan que la Fiscalía de Barcelona abrió el pasado julio una investigación por presunta desobediencia y malversación de fondos públicos contra el director de TV-3, Vicent Sanchis; el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y la presidenta en funciones de la Corporació Catalana de Mintjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, por la promoción "de manera ilegal" del referéndum unilateral del 1-O. Las pesquisas, sin embargo, fueron remitidas después al Juzgado de Instrucción número 13, que investiga la organización de la consulta soberanista. Por ahora, el magistrado solo ha sido citado a declarar a Llorach.
La fiscalía abrió las diligencias de investigación el 20 de julio tras recibir la denuncia de un profesor universitario vinculado a Ciudadanos, en octubre remetida al Juzgado de Instrucción 13. Se acusaba a los máximos responsables de los medios públicos de la Generalitat de Catalunya por emitir la campaña institucional de promoción del 1-O, a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) anuló el referéndum unilateral.
Advertencia previa
La denuncia expone que Sanchis, Gordillo y Llorach fueron "expresa y previamente" advertidos de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiese ignorar o eludir" la suspensión acordada por el Constitucional. El escrito sostiene que, por lo tanto, los denunciados "eran plenamente conscientes de lo que implica la suspensión decretada por el TC y de conocer que se les requería para que realizasen todo lo posible, en uso de sus legales competencias dentro de la CCMA, para impedir la preparación y la realización" del referéndum unilateral.
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