Anticorrupción mantiene las acusaciones contra los expresidentes Chaves y Griñán

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su acusación de prevaricación y malversación contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como contra otros 19 ex altos cargos de la administración en el caso de los ERE, que encara su recta final tras diez meses de sesiones. El juicio dilucida si, como sostiene el ministerio público, la Junta de Andalucía creó y mantuvo un sistema ilícito para repartir 855 millones de euros en ayudas sociolaborales y ayudas directas a empresas en crisis al margen de cualquier control durante una década.

Anticorrupción ha iniciado la sesión de esta semana con la lectura de sus conclusiones finales, manteniendo las acusaciones contra los ex altos cargos después de interrogar a los 22 imputados y analizar las diversas pruebas periciales encargadas, entre documentos, testigos e informes. Solo ha variado su imputación contra el ex secretario general de la Consejería de Hacienda entre los años 2000 y 2004, Antonio Estepa Giménez, quien se enfrentaba a 10 años de cárcel por un delito continuado de prevaricación al considerar que no hay indicios en su contra.

De esta manera, se cumplen los peores augurios sobre el desarrollo del juicio para los expresidentes andaluces y máximos responsables del PSOE andaluz durante los últimos 20 años. En su escrito de acusación inicial, la Fiscalía Anticorrupción pedía seis años de prisión y treinta de inhabilitación para José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, se enfrentaba a una pena de 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, misma condena que se pide para los exconsejeros Magdalena Álvarez (Economía y Hacienda) y Gaspar Zarrías (Presidencia). Por su parte, el resto de ex consejeros andaluces implicados, José Antonio Viera (Empleo), Antonio Fernández (Empleo), Francisco Vallejo (Innovación) y Carmen Martínez Aguayo (Hacienda), se enfrentan a entre seis y ocho años de cárcel, dado que al igual que Griñán suman al delito de prevaricación el de malversación. Todos ellos han vuelto hoy a sentarse en el banquillo de los acusados después de recibir autorización para ausentarse durante las sesiones dedicadas a las pruebas periciales.

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Para el Ministerio público, todos ellos conocieron que el sistema empleado para dar las ayudas no era el adecuado y no pusieron medios para corregirlo. En vez de recurrir a las subvenciones excepcionales, con mayor control de la Intervención, se tramitaban mediante transferencias de financiación a la empresa pública Instituto Andaluz de Fomento (IFA), más tarde denominada Agencia Idea, supuestamente destinadas a equilibrar sus cuentas internas y que este ente abonaba directamente a los beneficiarios que indicaba la consejería de Empleo de forma arbitraria y sin publicidad. Un sistema que se mantuvo pese a las alertas de la Intervención General de la Junta.

Tras la lectura de las conclusiones de la Fiscalía, será el turno de las acusaciones particulares y populares, y posteriormente el de las defensas, que han mantenido siempre la inocencia de los ex altos cargos reduciendo cualquier supuesto delito a la gestión realizada por la cúpula de Empleo. Tras este momento será el turno de los acusados, que podrán ejercer su derecho a una última palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia a finales de noviembre, coincidiendo con el final de la campaña electoral andaluza. La sentencia, no obstante, está prevista que no se emita hasta la próxima primavera.