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CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno desoye al Consejo de Estado y acusa al Parlament de volver a la vía "unilateral"

El Ejecutivo impugna ante el Constitucional la reprobación del Rey impulsada por Podemos

El órgano consultivo concluye que no hay base jurídica para recurrir el texto de la Cámara catalana

Juan Ruiz Sierra

Pedro Sanchez preside el Consejo de Ministros en el palacio de la Moncloa. 

Pedro Sanchez preside el Consejo de Ministros en el palacio de la Moncloa.  / JOSÉ LUIS ROCA

El Gobierno sigue adelante con su recurso contra la reciente resolución del Parlament sobre el Rey. El rechazo del Consejo de Estado, cuyo dictamen concluye que no hay base jurídica para impugnar el texto de la Cámara catalana, que carece de efectos jurídicos, no va a detener al Ejecutivo. Pese a las dudas que conlleva la decisión, y al riesgo de sufrir un nuevo varapalo, el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional la declaración del Parlament, que condena la posición de Felipe VI tras el referéndum del 1-O y apuesta por la "abolición" de la Monarquía como "institución caduca y antidemocrática".

Tras el Consejo de Ministros, celebrado esta vez en Sevilla, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, subrayó este viernes que el informe del Consejo de Estado es preceptivo, pero "no vinculante", y se desmarcó de la tesis del máximo órgano consultivo. El Ejecutivo, de hecho, considera que el Parlament, con este texto, ha reabierto la vía "unilateral", una tesis que choca con el discurso de la Moncloa de que el riesgo de ilegalidades por parte de las instituciones catalanas ha quedado atrás.     

"El Gobierno respeta el dictamen, pero no comparte esta argumentación jurídica. El Consejo de Estado entiende que la resolución es un grave atentado al principio de lealtad institucional y comporta una total falta de respeto a la más alta magistratura del Estado, pero considera que tiene una naturaleza netamente política, sin producir efectos de ningún tipo. Sin embargo, el Gobierno entiende que la resolución es inconstitucional. Supone un nuevo intento de iniciar un nuevo proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética República", dijo Celaá, sin argumentar en qué consistiría ese "nuevo proceso unilateral".

El texto de la Cámara catalana fue aprobado el pasado 11 de octubre a iniciativa de Catalunya en Comú Podem, la marca que engloba a Podemos, principal socio del Gobierno socialista en el Congreso de los Diputados. Pero la portavoz evitó entrar en "especulaciones" sobre qué consecuencias podrá tener en la relación con el partido de Pablo Iglesias, ciñendo lo ocurrido al Parlament. Fuentes de la Moncloa precisan, en todo caso, que los vínculos con los morados seguirán como hasta ahora.

"Puro convencimiento"

Atacado por el PP y Ciudadanos por su actitud dialogante con la Generalitat (Pablo Casado acusó el pasado miércoles al presidente de ser "responsable y partícipe del golpe de Estado"), el Gobierno se encuentra dividido sobre la necesidad de impugnar la resolución del Parlament. Hay miembros del Gobierno que dudan de la decisión y la critican en privado, pero Pedro Sánchez está convencido de la iniciativa. El pasado martes, en el Senado, el líder socialista aseguró que reprobar al Rey suponía "atacar al Estado". Sánchez añadió que iba a recurrir el texto de la Cámara catalana por "puro convencimiento".

Un día después, en el Congreso, el jefe del Ejecutivo, en cambio, lanzó un mensaje que fue muy bien recibido por los grupos independentistas. Sánchez, citando al exministro conservador Federico Trillo, sugirió que el delito de rebelión, en contra de lo mantenido por la Fiscalía, no es aplicable al 'procés'. 

Sus palabras, según algunas fuentes del Gobierno, vinieron a preparar el terreno para el inminente escrito de acusaciones de la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia. Pero Celaá lo negó este viernes. La portavoz señaló que el máximo representante legal del Ejecutivo tiene las manos libres para acusar por los delitos que estime convenientes. "El Gobierno no tiene dudas sobre la rebelión ni deja de tenerlas", dijo, antes de negar que haya un "plan para reformar el delito de rebelión" en el Código Penal. "El Gobierno no da instrucciones a la Abogacía del Estado", ha concluido en Sevilla la también ministra de Educación. El próximo Consejo de Ministros fuera de Madrid será en Barcelona, antes de que acabe el año. La anunciada reunión de Sánchez con el 'president', Quim Torra, en cambio, está en el aire.