Ir a contenido

El Supremo juzgará por rebelión a los líderes del 'procés'

Da cinco días a fiscalía y acusaciones para que presenten sus escritos de calificación

Rechaza devolver la causa a Llarena al denegar las más de 300 pruebas solicitadas por las defensas

Ángeles Vázquez

Junqueras, Puigdemont y Turull, el 10 de octubre del año pasado en el Palau de la Generalitat. / JOAN CORTADELLAS (ATLAS VÍDEO)

El Tribunal Supremo ha abierto este jueves juicio oral contra los 18 líderes del 'procés' a disposición de la justicia española, lo que significa que ninguno de ellos evitará ya sentarse en el banquillo de los acusados durante la vista oral que está previsto que empiece en enero y cuya sentencia se conocerá tras las elecciones de mayo. La resolución da un plazo de cinco días a la fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox para que formalicen su acusación contra cada uno de los acusados en sus escritos de calificación provisional. En ellos concretarán sus peticiones de pena y el delito, extremo que ocupa el debate político estos días al haberse vinculado con la aprobación de los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reaccionado a la decisión del alto tribunal diciendo que "no se abre juicio oral contra políticos honorables y demócratas, sino que se abre contra más de 2,3 millones de catalanes que fueron a votar" el 1-O. Y en una muestra más de su respeto a la justicia española ha añadido: "Nunca aceptaremos una sentencia que no sea la de la libre absolución". Por si sus palabras no eran suficientemente claras se ha comprometido a "enfrentarse" a una condenatoria "con la determinación del 1-O y la fuerza del 3-O".

Y eso que la Sala había confirmado el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto del expresidente de la Generalitat Artur Mas, la expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) Neus Lloveras y la senadora del PDECat Marta Pascal, en el auto de apertura de juicio oral.

Decidir sobre la rebelión

En otra resolución, el tribunal que juzgará a los 18 acusados, encabezados por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, rechaza las más de 300 pruebas solicitadas por las defensas, a las que remite al juicio oral, y confirma así la conclusión del sumario dictada en julio por el instructor, Pablo Llarena

Muchas de esas diligencias estaban encaminadas a que el tribunal que juzgará el proceso independentista catalán se ponunciara ya sobre si hubo violencia suficiente para que pueda acusarse o no por un delito de rebelión. El auto incide en que la posibilidad que la Ley de Enjuiciamiento Criminal concede a las partes para solicitar diligencias en este momento procesal "no puede identificarse con la formulación de una batería de pruebas que, con visible confusión sobre la funcionalidad que es propia de la fase intermedia, aspira a demostrar la inocencia de los procesados".

"El debate actual no es sobre la culpabilidad de los investigados, sino sobre la relevancia típica de los hechos que han motivado el procesamiento. La suficiencia de los indicios sobre los hechos en que se construye la inculpación ha sido ya objeto de fiscalización por la Sala de Recursos", añade para hacer hincapié en que, además, "la admisión" de las pruebas solicitadas "frustaría toda expectativa de enjuiciamiento en un plazo razonable", de tal modo que al rechazarlas se logra un proceso "sin dilaciones indebidas" en una causa en la que, además, hay nueve presos.

En el banquillo

Los encarcelados son los nueve procesados por rebelión. La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el que era de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez solo lo han sido por este delito, mientras que Junqueras y los 'exconsellers' Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa suman a la rebelión el delito de malversación.

Los cuatro fiscales adscritos a este procedimiento siempre han defendido con contundencia la existencia de la rebelión, por lo que no se esperan sorpresas en este sentido su escrito de calificación, al igual que en el de Vox, que solicitará las penas más graves previstas. Por eso la defensa de Cuixart ha solicitado su expulsión del procedimiento al alegar que su acusación responde únicamente a fines electoralistas. En cuanto a la Abogacía del Estado, el campo está más abierto, porque podría acusar únicamente por malversación, como hizo en Gürtel o Nóos, donde solo se ocupó de los delitos fiscales, o entender necesario la defensa del Estado incluyendo también una acusación por rebelión o sedición. 

Por desobediencia y malversación (penada con hasta 12 años de cárcel) están procesados Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, mientras que los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, así como la exdiputada de la CUP Mireia Boya solo lo están por desobediencia.