Robles señala a Sánchez en la venta de armas a Arabia Saudí: la decisión final es del presidente

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recalcado este martes que la decisión final sobre la venta de armas a Arabia Saudí la tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras meditar mucho sobre los pros y los contras y ha incidido en que el debate sobre si se deben primar los intereses comerciales o el mantenimiento de los puestos de trabajo "no es sencillo".

En una entrevista en 'Antena 3', Robles ha recalcado que España tiene una compromiso "clarísimo" con la defensa de los derechos humanos, aunque ha remitido a la comparecencia del miércoles en el Congreso de los Diputados, en la que Sánchez detallará la posición de España respecto a la polémica internacional tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi: será él quien marque la posición española en las exportaciones armamentísticas al país árabe, ha zanjado..

En cualquier caso, la posición de España es mucho más delicada que la de otros países, como Alemania, que anunció que deja de vender armas a los saudíes como represalia.  Aunque España se ha puesto de perfil en la crisis para no arriesgar los contratos con Riad, Sánchez tendrá que dar explicaciones.

Decisión muy meditada

Robles ha explicado que, cuando ella propuso paralizar el contrato firmado en 2015 con Arabia Saudí que se encontró cuando llegó al cargo, lo hizo "por conocimiento de una determinada realidad", pero ha matizado que quien tiene toda la información es el presidente del Gobierno y quien decide finalmente mantenerlo es él, en una decisión muy meditada.

En su opinión, en este asunto hay dos realidades: defender los derechos humanos por parte de la comunidad internacional y garantizar los empleos, pero sin que estén "al albur" de una determinada coyuntura ajena a esos trabajos, ha puntualizado. No obstante, ha querido dejar claro la "enorme gravedad" del asesinato del periodista en el consulado de Arabia Saudí en Turquía, que supone una "gravísima vulneración de los derechos humanos", también desde el punto de vista de la libertad de expresión.

Ha incidido en este sentido en la importancia que tiene la reacción de la comunidad internacional, que no se puede quedar "impasible" y "en ningún caso mirar hacia otro lado" cuando se vulneran los derechos humanos y ha insistido en que es "imprescindible" que haya una investigación independiente y transparente. 

Entre la oposición y el negocio

La guerra entre Arabia y Yemen y la muerte de Khashoggi se han convertido en un problema para el Gobierno.  Cuando Sánchez hable el miércoles en el Parlamento, el Gobierno tendrá ya sobre la mesa la información que facilitará el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre la muerte del periodista, que ha avanzado que el martes revelará la verdad "al completo".

Este martes el PSOE tendrá que hacer frente este martes en la Comisión de Defensa del Congreso a varias propuestas de Unidos Podemos, ERC, PDECat y Compromis que piden la suspensión de las exportaciones de armas a Arabia Saudí y todos los países implicados en conflictos armados o que vulneren los derechos humanos. 

España es el séptimo país del mundo que más armas exporta a Arabia Saudí. Entre ese material se encuentran las cinco fragatas construidas por Navantia en los astilleros de San Fernando (Cádiz), por un importe de 1.800 millones de euros. En pleno arranque de la precampaña de las elecciones andaluzas, admiten en la Moncloa, el Gobierno no quiere arriesgar ese contrato, máxime cuando ya estuvo a punto de perderlo en septiembre. Entonces, la titular de Defensa, Margarita Robles, anunció la paralización de la venta de 400 bombas a Riad, y los saudíes amenazaron con dinamitar toda relación, por lo que Sánchez desautorizó a la ministra.

En el sector armamentístico operan también otros intereses, como los 48 Eurofighter adquiridos por Arabia Saudí a Airbus, parte de los cuales se fabrican en Getafe (Madrid). Sin embargo, reconocen fuentes conocedoras de la situación, donde España se juega realmente el tipo es en proyectos de infraestructuras. Se calcula que las compañías españolas suman contratos por más de 17.000 millones de euros. El metro de Yeda, La Meca o Medina; plantas petroquímicas, generación eléctrica y la construcción de desalinizadoras son algunos de los proyectos clave que se podrían perder, subrayan fuentes empresariales.