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EL 1-O

El regidor de la nariz de payaso, a juicio por desobediencia

Jordi Pesarrodona está acusado de no dejar acceder a la Guardia Civil a una escuela de Sant Joan de Vilatorrada el 1-O

Europa Press

Jordi Pesarrodona, junto a un guardia civil que monta guardia ante la Conselleria de Governació mientras se lleva a cabo el registro, el pasado 20 de septiembre.

Jordi Pesarrodona, junto a un guardia civil que monta guardia ante la Conselleria de Governació mientras se lleva a cabo el registro, el pasado 20 de septiembre. / Cedida per Jordi Pesarrodona (ACN)

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Manresa (Barcelona) ha procesado al comediante y payaso Jordi Pesarrodona, tercer teniente de alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, por un presunto delito de desobediencia grave al no dejar acceder a la Guardia Civil en un centro escolar durante el 1-O. Semanas antes, una foto de Pesarrodona con una nariz de payaso junto a un agente de la Guardia Civil apareció en numerosos medios de comunicación.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la magistrada da por finalizada la instrucción de la causa y da traslado a las acusaciones para que soliciten apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

En su auto, la magistrada constata que el 1 de octubre de 2017 sobre las 10.15 horas el acusado, en su calidad de teniente de alcalde, se encontraba en el interior del Ceip Joncadella tras haberse constituido las mesas, y junto a otras personas cerraron las puertas del centro al ver llegar a la Guardia Civil.

En función de la ley catalana

Pesarrodona, según recoge el auto, manifestó a los agentes "que actuaban en función de la Ley catalana y no les dejarían entrar", pese a que sabía que el Tribunal Constitucional había suspendido la celebración de dicha consulta.

"El investigado representa como teniente de alcalde a los poderes públicos del Estado, teniendo no solo obligación de conocer las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, sino la obligación de acatarlas", reflexiona en el auto.

Por todo ello, concluye que existen motivos suficientes para atribuirle un presunto delito de desobediencia grave y da traslado de los hechos al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.