INVESTIGACIÓN

La fiscalía pone trabas a las denuncias de los heridos el 1-O

Las defensas aseguran que el ministerio público "sabotea la instrucción" para que "las víctimas desistan"

Unos 24 agentes están imputados, entre ellos cuatro de los ocho jefes del operativo de aquella jornada

Cargas policiales en la escuela Ramon Llull, el 1 de octubre del 2017.

Cargas policiales en la escuela Ramon Llull, el 1 de octubre del 2017. / EMILIO MORENATTI (AP)

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Las denuncias de los heridos a raíz de la brutalidad policial del 1-O se agolpan en el juzgado número 7 de Barcelona. A falta de recursos que saturan los despachos de la Justicia se le añade una controvertida actuación por parte de la fiscalía en los casos que remueven el operativo de aquella jornada, en la que la Policía Nacional trató evitar el referéndum mediante el uso de la fuerza. "El ministerio público ha tenido una actitud absolutamente pasiva", asegura la abogada Anaïs Franquesa, miembro de la defensa de Roger Español, quien perdió la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma, un proyectil prohibido en Catalunya, en los aledaños de la escuela Ramon Llull de Barcelona. "No está defendiendo el interés general y la integridad física que es lo que debería hacer, sino que está encubriendo una actuación policial con un impacto elevado", añade. 

No es la única letrada descontenta con el papel que está jugando el ministerio público. Xavi Monge, abogado de Marta Torrecillas, la mujer que denunció tocamientos y lesiones de los policías, se queja de que la fiscalía "no persiga los delitos aunque haya imágenes" y que "defienda sistemáticamente cualquier actuación policial". "Desde el primer día ha intentado que se archive la causa y se ha opuesto a la práctica de diligencias que pedimos", afirma, y subraya que más allá de los delitos de lesiones, puede haber otros sobre "maltrato" y "vejación", que conducen a una "clara motivación ideológica y de género".

La imputación de Español, por lanzar presuntamente objetos horas antes de ser herido a la policía, enfadó aún más a los equipos que defienden a los denunciantes. "Más allá de intentar sabotear la instrucción, la fiscalía intenta perseguir a las víctimas para que desistan", apostilla Monge, que explica que también trató de imputar a Torrecillas y, tras ser desestimada por el juez, presentó un recurso pendiente de resolución. 

Trabas a la identificación de los agentes

A su juicio, la Policía Nacional también intenta torpedear la investigación porque no facilitan la identificación de algunos de los agentes. "No hemos podido identificar aún al que disparó la pelota de goma a Español porque no llevaba su número en la parte delantera como debería y la Policía Nacional, que sabe quién es, no lo dice", se queja Franquesa. 

El caso se enturbia aún más cuando los letrados, después de revisar las pruebas a las que han tenido acceso y que siguen en manos del juez, descubren la existencia de un canal paralelo de comunicación entre agentes. "Solicitamos las comunicaciones porque es una vía imprescindible para saber quién y cómo daba órdenes. Pero nos entregaron unos audios cortados y sin contenido substantivo aunque al escucharlos oímos que se instaban a hablar por el ‘otro canal’", revela la abogada.

Un año después de lo sucedido, 24 agentes de la Policía Nacional están siendo investigados. Entre ellos, cuatro de los ocho jefes del operativo, que deberán dar cuenta de su actuación ante el juzgado. Otros 63 agentes han sido identificados por cometer actuaciones presuntamente delictivas y sus nombres se añaden a un caso que cuenta con un total de 27 piezas abiertas (una por colegio) en Barcelona.

Y es que 17 fueron archivadas, y 12 de ellas están pendientes de que se resuelva el recurso interpuesto contra el cierre, según datos facilitados por el consistorio barcelonés. Unas 298 personas denunciaron haber sido heridas por los cuerpos policiales que actuaron en la ciudad y 275 de estas decidieron formalizar denuncia.

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"Queremos llegar hasta el estamento político más alto. Estamos recabando información para que el coronel Diego Pérez de los Cobos comparezca para dar las explicaciones pertinentes como testigo y, si hay indicios suficientes, como imputado", recalca David Aranda, otro abogado defensor de un herido en la escuela Ramón Llull.

Los letrados consultados coinciden en que será un procedimiento "largo", porque la causa es muy compleja, y solo la fase de instrucción puede estar abierta unos dos años más. "Iremos hasta el final para que no haya impunidad", zanja Aranda.