JUICIO POR EL 1-O

Una acusación estratégica

Los abogados de los líderes del 'procés' ven la maniobra de la fiscalía como una artimaña para que asuman un "relato" que "justifique la rebelión"

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jregue44290974 barcelona 13 07 2018 las defensas de los presos del proc s 181014194627 / FERRAN SENDRA

Júlia Regué

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Los abogados de los líderes del 'procés' encarcelados y 'exiliados' ven una artimaña que la fiscalía se incline por pedir la pena mínima por rebelión a algunos de sus clientes, excepto para Oriol Junqueras a quien el ministerio público señala como máximo dirigente y le reclamará de 25 a 30 años de prisión. Los letrados consideran que la filtración de su escrito de calificación provisional a los medios de comunicación busca "distraer" y promover maniobras en la estrategia de defensa, aunque los abogados se mantienen firmes e indican que solo la absolución les satisface.

Andreu Van den Eynde, en representación de Junqueras, Raül Romeva y Carme Forcadell, alertó en una entrevista en RAC1 de que estas "martingalas" intentan que abracen el "relato" para "justificar la rebelión". El abogado también indicó que no todo el aparato fiscal comparte el hilo argumental que buscan sacar adelante y achacó la estrategia del ministerio público a "fiscales concretos que ahora ocupan el Supremo", un tribunal que calificó como "territorio hostil". Asimismo, aseguró que estos magistrados llevan "desde el 2015 planificando de forma muy cuidadosa la respuesta jurídica" contra el independentismo.

La reacción de Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, no salió del guión estipulado. Restó importancia a la decisión de la fiscalía y sostuvo que "no hay fundamento para acusar de rebelión" por lo que "le da bastante igual" los años que pidan como condena. Eso sí, en una entrevista en TV-3 pidió que el juicio sea televisado para que "todo el mundo vea" la "tergiversación de los hechos y del Código Penal". En la misma conversación participó Jordi Pina, defensor de Jordi Sànchez, y apostilló que "todas las defensas consideran, sin ninguna duda" que el Código Penal está de su lado.

La portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia Montserrat Comas no descarta que el Tribunal Supremo absuelva a los procesados por el delito de rebelión -no de igual forma por el resto de acusaciones: sedición, malversación y desobediencia- y pone en valor que la fiscalía no pida en su escrito de calificación provisional, susceptible de variar a medida que avance el juicio, el margen más alto previsto en el Código Penal por esta calificación, sino 15 años de prisión, la mínima condena. Comas aseveró en una entrevista en Catalunya Ràdio que lo habitual es que el ministerio público reclame una pena "de grado medio o, incluso, la más alta", para dejar abierta la posibilidad de rebajarla conforme evolucionen las sesiones ante el tribunal, e insinuó que no hacerlo puede interpretarse como una señal para que pueda acabar siendo descartada. La jueza hurga en que es díficil condenar por este delito sin que hubiera un "alzamiento público".

También alzó la voz el fiscal delegado de Medio Ambiente de Madrid, César Estirado, y defendió en su cuenta personal de Twitter que la de rebelión es "una acusación sin fundamento legal, profundamente injusta y vulneradora de derechos fundamentales". 

En la esfera política todo sigue igual. El PDECat ERC presionan al Gobierno de Pedro Sánchez para que retire la acusación por rebelión y ponen, a cambio, sus votos en el Congreso de los Diputados a su disposición para sacar unos Presupuestos acordados con Podemos. El diputado republicano Joan Tardà aseguró que si el Ejecutivo central con cumple esta condición su grupo no se sentará a negociar las cuentas y subrayó que "la justicia española solo tiene un guión", en este proceso judicial, que es "la venganza y el escarmiento". "O hay movimientos (y no es una 'oferta’) o no hay presupuestos", remachó a través de Twitter la vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras