Ir a contenido

INVESTIGACIÓN

Cogidos por las cuentas

Hacienda improvisó una acción relámpago en espera de ultimar la aplicación del 155

Rosa María Sánchez

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en marzo del 2016.

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en marzo del 2016. / ARCHIVO / AGUSTÍN CATALÁN

Martes, 12 de septiembre del 2017. Hacía seis días que el Parlament había aprobado las leyes de desconexión con el Estado. La bola de nieve avanzaba hacia el referéndum independentista del 1-O. Desde la Generalitat se había hecho llegar al ministro de Hacienda que el Govern iba a dejar de cumplir el control semanal de sus cuentas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reunió ese 12 de septiembre a su comité de dirección, con ocho de sus colaboradores más cercanos, en la sede ministerial del antiguo Palacio de la condesa de Adanero. Había que parar la bola de nieve. 

"¿Me estáis diciendo que no puedo hacer nada?" espetó Montoro a quienes no veían margen para seguir apretando las tuercas al 'vicepresident' y 'conseller de Economia, Oriol Junqueras, según relata uno de los allí presentes.

Dos años de intervención blanda

Apenas habían pasado dos meses desde que Hacienda había impuesto al Govern el control semanal de sus cuentas, después de que el Tribunal Constitucional  anuló las partidas presupuestarias para el referéndum soberanista.  En julio del 2017, Hacienda convirtió en semanal el control mensual contable que venía aplicando a la Generalitat desde noviembre del 2015, tras la victoria de los independentistas en las elecciones de septiembre de ese año. Ya en aquel noviembre del 2015, el entonces ‘conseller’ d’Economía, Andreu Mas-Colell, denunció el uso político que estaba haciendo Montoro de la financiación autonómica. Hay quien piensa, sin embargo, que después Oriol Junqueras (ERC), encontró en aquel mecanismo de intervención la excusa para parar los pies a los radicales de la CUP que prestaban apoyo al Govern de Puigdemont y para ganarse una imagen de gestor ortodoxo. 

El Gobierno de Rajoy comenzó a preparar el 155 a finales del 2014, pero no estaba listo para las leyes de desconexión

Pese al nuevo control semanal de las cuentas y a la creciente preocupación en el PSOE, los puentes con Hacienda parecían intactos.  En esos días de julio ambas partes avanzaban para eliminar el IVA sobre las subvenciones culturales y negociaban la ley de contratos del Estado. Y con esa calma chicha, el Gobierno de Rajoy se tomó unos días de vacaciones en agosto sin imaginar que el 6 de septiembre el Parlament iba a romper con el Estado.

Desde finales del 2014, tras la consulta del 9-N, el Gobierno de Rajoy había empezado a preparar “desde un punto de vista administrativo” una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir las competencias de Catalunya, según confirman fuentes protagonistas en esos trabajos. Y aunque se iba avanzando en la “sala de máquinas” que gobernaba la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, cuando el Parlament desconectó Catalunya del Estado ese 6 de septiembre no había una respuesta prevista. El Gobierno entendió que solo Hacienda podía diseñar una acción relámpago para parar los pies a una administración drogodependiente de la financiación del Estado (más del 70% de la deuda pública catalana está en manos el Estado con compromisos hasta el 2026). "Pero no había nada terminado", según las mismas fuentes.

El FLA, siempre a mano

“¿Me estáis diciendo que no puedo hacer nada?”, retó Montoro a sus colaboradores. Y todos volvieron a escarbar en la potente Ley de Estabilidad Presupuestaria del 2012 con la que Hacienda ya había logrado una intervención de facto de la mayor parte de las comunidades, en general, y de Catalunya, en particular, a través de la condicionalidad sin límites posible a cambio de obtener recursos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Todos entendieron que había que exprimir esa ley.  Aún a riesgo de ser acusados de "aplicar un 155 por la puerta de atrás", como enseguida denunció Junqueras. No había tiempo para negociar con PSOE y C's la aplicación del artículo constitucional y obtener el permiso del Senado. Había urgencia. Y Montoro, con la estrecha asistencia del subsecretario de su Ministerio, Felipe Martínez Rico, buscaron en la Ley de Estabilidad argumentos para retirar a la Generalitat el control de sus pagos y adelantar a septiembre del cierre presupuestario.

Con el argumento de que la ruptura con el ordenamiento constitucional podía "perjudicar la recuperación económica de España", Hacienda dispuso la intervención de las cuentas de la Generalitat mediante una simple orden ministerial, que ni siquiera requirió informe del Consejo de Estado, según puso en evidencia el PSOE, partido que llegó a dudar del "encaje legal" de las medidas de Montoro, aunque les prestó su apoyo.

"¿Qué otra cosa podíamos hacer entonces?", reflexiona un antiguo miembro del equipo de Hacienda que ahora respira aliviado después de conocer que el Tribunal Supremo acaba de desestimar, por unanimidad, los dos recursos que Junqueras interpuso en su día contra las órdenes de Montoro.

0 Comentarios
cargando