Sánchez se toma la revancha

Cuestión previa: antes de escarchar dialécticamente al PP por la política económica del Gobierno de Mariano Rajoy, socialistas y populistas debieran recordar que el 12 de mayo del 2010 fue José Luis Rodríguez Zapatero el que anunció y luego ejecutó un recorte histórico del gasto social (pensiones incluidas) e impulsó la reforma del artículo 135 de la Constitución para introducir la llamada "regla de gasto", que se aprobó con los votos del PSOE en septiembre del 2011. Entonces empezó la era de la austeridad.

El Gobierno popular administró la crisis de tal manera que fue el aspecto más valorado de la gestión del defenestrado Rajoy, aunque no evitó que determinadas carencias, muy lacerantes, se instalasen en nuestro país como ese fenómeno de los 'trabajadores pobres', el escandaloso paro juvenil y la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y cometió atentados a la equidad como la inconstitucional amnistía fiscal. Además, España es el país de los del euro con el déficit más alto y con una deuda pública que está en el 100% del PIB.

El acuerdo suscrito el jueves por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y que ha sido denominado "presupuestario", trata de revertir algunos de esos recortes con una serie de medidas sociales cuya financiación se confía a una batería de incrementos fiscales de muy grueso calibre. El pacto entre el PSOE y Unidos Podemos, sin embargo, no es, estrictamente, un acuerdo para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado.

Se trata más bien de un entendimiento preelectoral y para lo que reste de legislatura que además de referirse a las prioridades en las cuentas públicas introduce modificaciones de varias leyes, entre ellas el Código Penal, y dibuja el modelo socio-económico desde el que una eventual coalición de izquierdas gobernaría España.

Lo más importante del documento firmado en la Moncloa es el compromiso programático además del acuerdo presupuestario. Primero, porque lo excede; y segundo, porque ambos firmantes saben que difícilmente se plasmará en unos nuevos Presupuestos que requieren, además de la aprobación de Bruselas, el voto favorable de grupos parlamentarios que difícilmente se lo darán, sea ERC o PDECat, e incluso el PNV que suele ser reticente a tamborradas fiscales en consonancia con el perfil medio de su elector en Euskadi.

Los partidos catalanes introducen en la transacción presupuestaria cuestiones de naturaleza excéntrica a las que el Gobierno no podría atender, como es la petición de que instruya a la fiscal general del Estado para que decaiga la acusación del delito de rebelión atribuido a los políticos en prisión preventiva o que se produzca un imposible acuerdo sobre un referéndum de autodeterminación, sin que falte la agresión a la jefatura del Estado que incomoda aún más a un Gobierno que se desliza por el alambre y sin red. La imperturbabilidad de Sánchez es tan tenaz como la temeridad de los independentistas.

La consecuencia del acuerdo, efectista como todas las decisiones que adopta este Gobierno con independencia de su suerte final, sella una vinculación entre socialistas y populistas que culmina el plan de Sánchez esbozado desde el 2016 y abortado por el comité federal de su partido que le destituyó en octubre de aquel año. Ahora el, otra vez secretario general del PSOE, y ya jefe del Gobierno, se toma la revancha y consuma en buena medida la fórmula que Alfredo Pérez Rubalcaba calificó como "Frankenstein".

Sánchez ha ido reponiendo, paso a paso, todo lo que hace dos años su propio partido desmontó a través de la gestora presidida por el asturiano Javier Fernández. Este acuerdo dispone pues de una interpretación interna en el socialismo español. Nunca habrá 'gran coalición' y sí un coalición de izquierdas a la portuguesa.  

El presidente del Gobierno ha olvidado, si es que Sánchez olvida algo, la representación jactanciosa de Iglesias cuando en enero del 2016 le reclamó la vicepresidencia del Gobierno y la mitad de los ministros para votar favorablemente su investidura, respaldada entonces por Ciudadanos.

El líder de Podemos se paseó por los medios el jueves refiriéndose al presidente del Ejecutivo como Pedro, a secas, sin apellido y sin cargo.  De igual a igual y dando por hecho que en 2020 –acuerdo firmado mediante– habrá una coalición de izquierdas gobernando en España. Y con él en el Gobierno. En Ferraz y la Moncloa molestan esas ínfulas.

Es posible que la obsequiosidad con la que Sánchez trata a según quien, haya permitido a Iglesias suponer que al jefe del Ejecutivo puede llamarle simplemente Pedro cuando se refiere públicamente a él. En todo caso, esa cercanía evoca a aquel enero del 2016 cuando Iglesias se pasó de frenada.

El líder morado –que se ha institucionalizado en vez de intentar improbables asaltos al cielo, imponiéndose así el modelo de relación con el PSOE que propugna Iñigo Errejón– cree que con el acuerdo  ha tomado oxígeno, y el presidente supone que le ha dado jaque mate. Equilibrio delicadísimo en un pacto que es políticamente más de lo parece y presupuestariamente muchos menos de lo que es posible conseguir en el Congreso de los Diputados.

De momento, estamos en esa fase de las decisiones gubernamentales –propias o asociadas– que gozan de la presunción de bondad y de viabilidad, aunque los medios hayan valorados de forma muy escéptica las cuentas de Sánchez e Iglesias.

Vamos a ver –sin apriorismo apocalípticos– qué recorrido tiene este pacto que, insisto, es más de futuro que de presente, más político que financiero. Hay que tener en cuenta que en Sánchez casi todo es efímero condicionado como está por la escasez de su grupo parlamentario; casi todo menos su voluntad de permanecer. En ese propósito es tan tenaz como Rajoy.