Las papeletas del 1-O, al chatarrero

Pocas veces la chatarrería de Joaquim Borràs, en el polígono industrial sur de El Papiol (Baix Llobregat) recibe material tan particular. El 4 de diciembre del 2017, sus trituradoras de papel -la empresa está habilitada para reciclarlo, además de la chatarra- terminaron de masticar 9.894.350 papeletas que preguntaban sobre la independencia de Catalunya. Las actas de destrucción anotan 598 cajones de papeletas, 92 de sobres, seis de pliegos y ocho de otros documentos, además de 64.000 cuartillas de propaganda. 

Para llevar el papel bastaron siete viajes de cuarto de hora en camión desde el complejo de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca, al otro lado de la AP-7. La destrucción duró tres días desde el 1 de diciembre.

El 3 de noviembre, la acumulación de papel incautado agobiaba al cuartel de Sant Andreu invadiendo garajes y otros rincones. El teniente coronel jefe de Policía Judicial elevó al juez de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, un oficio solicitando la destrucción de al menos los diez millones de papeletas que habían sacado en la tensa jornada del 20 de septiembre del polígono Can Barris, en Bigues i Riells (Vallès Oriental).

La Guardia Civil lo pedía "dado el volumen" que ocupaba en sus dependencias. La falta de espacio para las incautaciones policiales es endémica en Catalunya. Desaparecidos antiguos depósitos judiciales, las casas cuartel se llenan. "Aquí han llegado a agolparse fardos de marihuana meses en garitas sin uso esperando a que el juez diga algo", cuenta una fuente de Sant Andreu de la Barca.

La fiscalía no se oponía si se guardaban muestras de lo que, de material electoral, había pasado a ser prueba de un delito. La Guardia Civil se guardó tres ejemplares de cada folleto.

Busquen al dueño

La incautación policial más importante de los días previos al 1-O fue la de Bigues i Riells, en una nave del abogado Pau Furriol. En su entorno lo califican de "un patriota que hizo un favor sin interés económico"; para la Guardia Civil es un partícipe en la sedición.

Nadie reclamó como suyo lo incautado. Explicable si se lo considera prueba de delito. El juez dio a la Guardia Civil cinco días para que requiriera al dueño del material alegaciones sobre su destrucción. Cuando los agentes avisaron a Furriol, este manifestó, según una diligencia de comparecencia, que no era "el propietario del material electoral" y que no sabía a quién podía "pertenecer dicho material incautado en la nave".

El dueño de una nave en la que había diez millones de papeletas decía desconocer de quién eran. Fuentes cercanas a Furriol sostienen que guardó todo ese papel por petición de "dos amigos de la Generalitat que –aclaran– no eran altos cargos".

Frenética actividad

El 20 de septiembre culminó la acción policial contra los preparativos del referéndum. Pero hubo más en una quincena frenética. El día 15, la Guardia Civil incautó 87.516 carteles en Barcelona con el logotipo de la Generalitat y otros en favor del 'sí' sin logos. Al día siguiente aprehendió 1,2 millones de papeletas en la empresa Buzoneo Directo, de Montcada i Reixach, y planchas de carteles en Sant Adrià del Besós. 

El día 17, en Barcelona, se llevó 1.300.000 carteles, dípticos y folletos. El 18 incautó en la imprenta Enquadernacions Rovira de Sabadell 113.000 carteles. El 19, en L'Hospitalet, Barcelona, Terrassa, y Manresa retiró de la mensajería Unipost 45.000 certificados de notificación, el 80% de los necesarios para la consulta, con las direcciones impresas de los destinatarios.

Aún ocho días después del 20 de septiembre, en un almacén de Igualada tuvo lugar otra gran incautación: 2,5 millones de papeletas y cuatro de sobres.

Sobres madrileños para el 1-O

A los investigadores les llamaba la atención que, en los almacenes, documentación pública del referéndum compartiera espacio con carteles de la CUP. Casi todas las cajas encontradas en Bigues i Riells llevaban etiquetas rojas o verdes y cuartillas pegadas con descripciones manuscritas del contenido. Nada más. Pero una era más elocuente. Contenía sobres marrones de la Generalitat dispuestos para albergar actas de recuento. Una etiqueta en su costado señalaba el origen: Tompla Industrial del Sobre, factoría de un polígono de las afueras de Alcalá de Henares (Madrid).

Tompla envió la caja al 148 de la calle Sepúlveda de Barcelona. Allí tiene sede la Oficina de Gestión Empresarial, del Departament d’Empresa i Coneixement. La entrega se hizo el 22 de agosto del 2017, a las 10.44 horas. Fue 18 días antes de que la fiscalía ordenara a las fuerzas de seguridad interceptar los preparativos del referéndum.

De todas aquellas incautaciones, una da trabajo extra a la Justicia. El abogado de Furriol, Jorge Navarro, la ha llevado al Tribunal Constitucional (TC). Aquel 20 de septiembre, a Furriol lo esperaron en la calle varios guardias civiles desde las seis de la mañana. A las 7.40 lo abordaron, le detuvieron y le pidieron las llaves de locales de su propiedad. El registro de la nave, una toma de declaración -Furriol se negó a hablar-, un registro en su despacho y un trámite de 'Habeas Corpus' duraron todo el día y parte del siguiente.

Furriol fue detenido por supuestos delitos de malversación, sedición y desobediencia. Pero su letrado argumenta que se le negó el derecho a acceder a los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención. La Ley de Enjuiciamiento Criminal manda que cada detención se haga de la forma que menos perjudique al detenido.

El TC lo ha admitido a trámite. Y hay precedente: en marzo pasado, se pronunció en otro caso señalando que las fuerzas de seguridad están obligadas a dar por escrito al detenido información sobre las pruebas esenciales que lo vinculen con el delito que se le achaca.