INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Un juez imputa a la cúpula de Trapero por desobediencia el 1-O
Un juez de Cornellà que investiga la posible comisión de un presunto delito de desobediencia de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum del 1-O ha citado a declarar como imputados para los próximos 12 y 13 de diciembre a siete altos cargos que configuraban la cúpula de la policía autonómica cuando Josep Lluís Trapero estaba al mando. El auto judicial sostiene que las diligencias judiciales se abrieron al existir "indicios fundados" de que el operativo policial "pareciera haberse organizado con la intención de no dar cumplimiento a las ordenes judiciales" consistentes en evitar la votación" y que las decisiones de los mandos de la policía autonómica fueron tomadas de forma colegiada.
Entre los investigados aparece Ferran López, entonces comisario jefe de Coordinació Territorial y que tras el cese de Trapero tomó las riendas del cuerpo. También están citados los comisarios Joan Carles Molinero, Emili Quevedo y Francisco Javier Gámez, así como la jefa de servicio jurídico de la Dirección General de la Policía, Maria Paz Martí; y los intendentes Antoni Verger y Amadeu Domingo.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cornellà, Antonio Baños López, expone en el auto que tras incoar diligencias se requirió a la policía autonómica "abundante información" sobre el operativo policial organizado para impedir el referéndum unilateral. Entre dicha documentación, el juzgado recibió contestación de quien entonces ostentaba el rango superior en el cuerpo, Ferran López, en que se identificaba a los ocho responsables de la elaboración y aprobación de las pautas de actuación. En ese grupo estaban los siete altos cargos ahora imputados y Trapero, que está siendo investigado por presunto delito de sedición en la Audiencia Nacional.
Proceso de ida y vuelta
Como consecuencia del contenido de este documento y al "desprenderse que la elaboración y aprobación" del operativo pudiera haber sido realizada de manera "conjunta", el juez de Cornellà acordó la inhibición del caso a favor de la Audiencia Nacional para incluirlas en el proceso contra Trapero. Sin embargo, este órgano judicial rechazó la competencia y, tras plantearse un conflicto jurisdiccional ante el Tribunal Supremo, el asunto ha vuelto otra vez a Cornellá. De ahí que se proceda ahora a las citaciones de los altos cargos de los Mossos.
El juez de Cornellà incide en su resolución que "las pautas de actuación" marcadas por los mandos de la policía autonómica eran de "obligado cumplimiento para todo el cuerpo, aún no firmándose por los integrantes de la prefectura ni por el 'major'" y que existen indicios de que su elaboración fue obra de los ocho miembros de la entonces era la cúpula policial.
El magistrado, además, ha requerido a un juzgado de Sabadell testimonio de la causa abierta por motivos parecidos y ha encargado a la Guardia Civil que examina la documentación para que informe si los mandos de los Mossos tomaron las decisiones de forma colegiada o jerárquica.
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