El 9-N se produjo un menoscabo público "clarísimo", según el abogado del Estado

El abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, Javier Borrego, aseguró este jueves, en el procedimiento por responsabilidad contable que se sigue contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y tres de sus 'consellers' por el gasto de dinero público en el 9-N que el "menoscabo" de las arcas públicas está "clarísimo" y se felicitó por actuar en la causa "en ausencia de los servicios jurídicos de la Generalitat pidiendo dinero para ellos". "Me congratulo porque esto es un Estado de derecho", dijo, tras calificar de "tosco" "chapucero" cómo se destinaron fondos a la consulta. Por su parte, el fiscal jefe del tribunal, Miguel Ángel Torres Morato, se remitió a la sentencia del Tribunal Supremo del 'caso Nóos' para destacar la procedencia de este juicio frente a la justicia penal porque el dinero público se gastó con "una finalidad política", en vez de "un fin público". 

Ambos habían sido precedidos en el turno de palabra por el abogado de Societat Civil Catalana, Manuel Zunón, quien insistió en detallar las partidas presupuestarias que se destinaron a la consulta, pese a la suspensión del primer decreto de convocatoria por el Tribunal Constitucional. Se centró en la más elevada, la de los ordenadores, en los que considera intrascendente que luego se destinaran a colegios, porque, según él, se compraron 7.000 porque ese era el número de mesas electorales. Para Zenón, el cerebro del 9-N fue el 'exconseller' de Presidencia Francesc Homs, condenado a 13 meses de inhabilitación por el Tribunal Supremo por esa consulta.

Tanto el fiscal, como las acusaciones que le precedieron en el turno de palabra, solicitaron que se declare la responsabilidad contable de Mas, Homs y las 'exconselleras' Irene Rigau y Joana Ortega por el 9-N y la fianza caulelar que se les fijó en 5,2 millones se convierta en definitiva. Según Morato, "la acción civil está imprejuzgada", por lo que es perfectamente posible reclamar el menoscabo de dinero público producido, pese a que los cuatro fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya o el Supremo, en el caso de Homs, por ser aforado. El fiscal recordó que el delito de malversación se modificó en 2015, para castigar tanto la apropiación indebida como la administración desleal. Como el 9-N fue en 2014 no se acusó de este delito en el procedimiento penal.

Sin responsabilidad

Por su parte, Rafael Entrena, abogado de Mas y Ortega, explicó que si no se les juzgó por malversación por la vía penal fue porque el TSJC entendió que todos los gastos se habían producido antes del 4 de noviembre, que fue cuanto el Constitucional suspendió la primera consulta convocada. Insistió en que el Estatut ampara los procesos participativos, incluso tras el "cercenamiento" que sufrió en el alto tribunal.

Y calificó de "muy libre" el relato de la representanción de Societat Civil Catalana que hiló el 9-N con el 'procés' hasta el 1-O y la declaración unilateral de independencia. "Es un relato político que pugna con la realidad y las pruebas practicadas", añadió para pedir la absolución de la responsabilidad contable.

La abogada de Rigau, Gracia Llácer, se preguntó si de verdad puede admitirse que tanto Homs como su clienta tengan que pagar de su bolsillo 7.000 ordenadores que están en los centros educativos catalanes. No obstante, como este miércoles hizo la propia 'exconsellera', en el caso de que el Tribunal de Cuentas no comparta su criterio, planteó que solo se les exigiera lo que supuso el uso del fin de semana.

Montserrat Rosell, abogada de Homs, ha sido muy crítica con la intervención de la Abogacía del Estado, prácticamente centrada en elogios a Societat Civil Catalana, a la que llegó a agradecer la interposición de la demanda por saber interpretar la ley para exigir la responsabilidad contable. Según la letrada, sus palabras, en las que lamentó que la Generalitat no ejerciera la acusación, debería conllevar la nulidad del procedimiento.

Al imponer la fianza cautelar, el Tribunal de Cuentas dividió lo gastado el 9-N de la siguiente forma: registro de una página web institucional (80,49 euros); material para la votación (54.694,92); ordenadores (3.044.399,09); publicidad institucional (876.560,63); seguros de voluntarios (1.531,87); soporte informático (759.470,76); envío de información (334.755,47); centro de prensa (156.793,23), y producción de la campaña informativa (23.661,71).

Ahora, la consejera de la sala de enjuiciamiento, Margarita Mariscal de Gante, que fue ministra de Justicia con el PP, debe dictar la sentencia en la que establecerá si hay responsabilidad contable y en ese caso, determinar en qué cantidad se debe resarcir a la Administración. Fuentes jurídicas calculan que la resolución pueda demorarse hasta después de navidades. Contra su decisión cabe recurso ante la Sala de Justicia del propio Tribunal de Cuentas y después, en casación, ante el Tribunal Supremo.