La Guardia Civil eleva a 32.000 euros el gasto de exaltos cargos andaluces en prostíbulos

El adelanto electoral en Andalucía llega en plena polémica por el uso dado por algunos exaltos cargos de la Junta a las tarjetas de crédito opacas que tenían a su disposición en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), cuyas irregularidades llevan meses en un juzgado. El último atestado de la Guardia Civil eleva a 32.000 euros el dinero gastado por esos directivos en hasta 12 fiestas en clubs de alterne de las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz entre el 2004 y el 2009. Aunque el caso también había llegado al Parlamento andaluz, la disolución de la Cámara regional supone el cierre de esta comisión de investigación, por lo que Ciudadanos ha anunciado que volverá a solicitar su creación la próxima legislatura.

El PP parece haber encontrado en las irregularidades de la Faffe un filón para explotar los casos de corrupción del PSOE y el uso del dinero público destinado a los parados en la campaña electoral. Un uso que los socialistas condenan, como también han reprochado que los conservadores escogieran la puerta de uno de los prostíbulos para dar a conocer los resultados del atestado policial el mismo día de la convocatoria electoral. El documento, remitido a las partes la pasada semana, hace referencia a la existencia de hasta ocho tarjetas de crédito vinculadas a la fundación y asociadas a una cuenta con 828 millones de euros. Con tres de ellas se habrían realizado 43 cargos en prostíbulos por un importe total de 31.969 euros en "doce juergas" en distintos establecimientos, según lo definió el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, subrayando otro gasto en efectivo por 306 euros que se vincula también con este tipo de locales.

Cuentas "maquilladas"

El gasto de esas tarjetas de crédito, no obstante, habría sido aún mayor, ya que los agentes de la Guardia Civil constatan que hubo un gasto de 80.000 euros. Entre otros importes, destacan 19.000 euros en peajes, otros 22.000 en restaurantes, 1.800 en hoteles e incluso 4.300 en gastos sin justificar. La formación conservadora hace hincapié en que, según la Guardia Civil, las cuentas de la Faffe se habrían intentado "maquillar" para "ocultar" el gasto en prostíbulos. El sistema sería el ya explicado por el Gobierno socialista al dar cuenta de estas irregularidades: se usaban las tarjetas de crédito en los clubs de alterne y, posteriormente, el gerente de la Faffe acudía al local y pagaba en efectivo para anular los cargos, aunque los investigadores creen que el dinero realmente nunca regresó a las arcas públicas.

Moreno Bonilla ha aprovechado el anuncio del adelanto electoral para cargar contra la presidenta andaluza, asegurando que Díaz convoca los comicios "cercada por la corrupción", y "para tapar las vergüenzas del PSOE", acusándola además de "obstaculizar" la labor de los agentes al no facilitar información para que puedan seguir investigando desde hace dos años. Por eso, la ha retado a que permita que los andaluces "conozcan toda la verdad" antes de acudir a las urnas.

Enchufismo e irregularidades

La Faffe, un ente público creado en el 2003 por el Ejecutivo andaluz para organizar cursos de formación para el empleo y ayudar a mitigar la alta tasa de parados, está en el punto de mira de los partidos de la oposición desde hace años, y sus cursos de formación están siendo investigados por los juzgados. El pasado mayo un informe policial confirmó lo que ya habían alertado la Cámara de Cuentas y los propios funcionarios de la Junta de Andalucía: que el organismo era una suerte de "agencia de colocación" del PSOE, con indicios de que al menos 200 trabajadores estaban vinculados directa o indirectamente al partido político. Un extrabajador llegó a asegurar a los agentes que la Faffe era un "nido para pagar favores políticos". Al desaparecer la entidad en el 2011, los 1.500 trabajadores fueron absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), pero al no ser funcionarios sus competencias eran muy limitadas y apenas tenían tareas que realizar, aunque cobraban puntualmente.

La investigación subió de tono en julio, cuando el PP (personado como acusación particular en el caso) desveló que, según los datos facilitados por el propio Ejecutivo andaluz al juez, la tarjeta de crédito del que fuera director de la Faffe y destacado militante socialista Fernando Villén recibió varios cargos por importe de casi 15.000 euros de un prostíbulo de Sevilla en una sola noche, aunque fueron anulados dos días después. La Consejería de Empleo, de donde depende el organismo, conocía los datos al ser quien los remitió al juzgado, pero en distintas comparecencias públicas en el Parlamento dio explicaciones confusas y no mencionó las juergas con coste a los fondos públicos, justificando posteriormente que la ley le impedía dar información sobre el caso.

Comparecencia en noviembre

Las explicaciones posteriores acerca de cargos que luego eran devueltos no convencieron a la oposición, y reclamó una comisión de investigación en el Parlamento. La comisión, presidida precisamente por el PSOE, comenzó su andadura la pasada semana, pero apenas tendrá recorrido más allá de las propuestas de los grupos para solicitar testimonios, como los de Díaz o los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, solicitada por PP y Cs. Podemos ya ha avanzado que preguntaría sobre la Faffe a la presidenta andaluza cuando esta acuda a la comisión de investigación de los partidos del Senado el próximo 8 de noviembre, convocada a instancias del PP para dar explicaciones sobre el fraude de los ERE.