El Tribunal Constitucional revisará la suspensión de los diputados procesados por el 'procés'

El Tribunal Constitucional revisará las últimas resoluciones dictadas por el Supremo en la causa que sigue por rebelión, malversación y desobediencia. Como ha hecho hasta ahora con todos los recursos relativos a este procedimiento presentados, ha admitido a trámite los interpuestos por Oriol Junqueras y Raül Romeva contra la suspensión de funciones de los diputadossuspensión de funciones de los diputados que, como ellos, fueron procesados por rebelión por el juez Pablo Llarena y se encuentran en prisión.

Los diputados de ERC impugnaron ante el alto tribunal la medida que prevé el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamento Criminal para los procesados en firme por rebelión o terrorismo presos o contra los que se ha decretado prisión, como ocurre con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, aunque esté huido. El Constitucional admite los recursos al considerar que "concurre una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina".

Por su parte, Puigdemont y los 'exconsellers' Clara Ponsatí y Lluís Puig, ambos en rebeldía, han recurrido el propio auto de procesamiento dictado por Llarena contra ellos y otros 22 líderes del 'procés', así como el de la Sala de lo Penal que lo confirmó.

El otro recurso admitido a trámite por el Constitucional es el interpuesto por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, contra su permanencia en prisión. En todos los casos el tribunal pide al Supremo que en un plazo que no supere los 10 días le entregue una certificación de las actuaciones impugnadas. 

También el de Ciudadanos

Por otra parte, el alto tribunal también tramitará el recurso de amparo del Grupo Parlamentario de Ciudadanos contra las decisiones de la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de no convocar los plenos que estaban previstos en septiembre y octubre del año pasado, cuando el proceso independentista estaba en su punto más álgido. Cs argumenta que se lesionaron sus facultades parlamentarias de control e impulso del Gobierno por no celebrarse esas sesiones. 

El Constitucional considera que "concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales", por lo que lo admite a trámite.