INVESTIGACIÓN JUDICIAL

La supuesta malversación de un millón de euros para el 1-O se tambalea

El administrador concursal de Unipost asegura que estas facturas fueron anuladas y nunca se cobraron

La Guardia Civil apunta de nuevo contra el vicepresidente Pere Aragonès y el diputado de ERC Lluís Salvadó

Exterior de la empresa Unipost en Terrassa, con la presencia de la Guardia Civil, el 19 de septiembre del 2017.

Exterior de la empresa Unipost en Terrassa, con la presencia de la Guardia Civil, el 19 de septiembre del 2017. / JULIO CARBÓ

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

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Una de las partidas más importantes atribuidas por la Guardia Civil y la justicia a los gastos del referéndum unilateral del 1-O y, por lo tanto, supuestamente malversada está ahora en duda. El administrador concursal de la empresa de mensajería Unipost ha remitido un escrito al juez de Barcelona que investiga los preparativos de la consulta en el que asegura que las facturas por valor de 979.661 euros fueron anuladas el mismo día de su expedición y no figuran como cobradas.

En uno de los últimos autos emitidos, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer sostiene que Unipost emitió cinco facturas por algo menos de 200.000 euros cada una a las 'conselleries' de Cultura, Vicepresidència, Salut, Treball i Afers Socials y Presidència. En la causa judicial constan las correspondientes notas sobre estas facturas con fecha 7 de septiembre del 2017 y en el apartado de observaciones se señala: "Acuerdo marco servicios postales". Algo que, según los investigadores, significa que "las notas de entrega fueron emitidas y registradas con sello de salida en cada uno de los cinco departamentos".

Hace unas semanas, el juez instructor del proceso solicitó al administrador concursal de Unipost que le entregara información sobre dichas facturas. El pasado 15 de septiembre recibió el dictamen, al que ha tenido acceso EL PERÓDICO, en el que la empresa explica que las facturas fueron anuladas el mismo día de su expedición y que "no figuran como cobradas, ni compensadas, ni tampoco se han incluido en la relación de créditos de dudoso cobro, ni serán objeto de reclamación puesto que son facturas anuladas". El 19 de septiembre del 2017, días antes del 1-O, fueron requisadas en una nave de Unispot 45.000 notificaciones de las mesas electorales.

Los observadores internacionales

Por otra parte, la Guardia Civil ha entregado al juzgado otro informe sobre los gastos del referéndum supuestamente vinculados al Diplocat que, según el instituto armado, fue usado por el Gobierno catalán con el "único fin de internacionalizar el proceso independentista, utilizando para ello recursos públicos".

Las partidas presuntamente ilegales directamente relacionadas con la asistencia de observadores, a los que se camuflaban en delegaciones parlamentarias, durante el 1-O ascienden a 306.361 euros (253.191 sin IVA). El juez ha requerido ahora documentos sobre este gasto a la interventora general de la Generalitat. Los agentes insisten en que la presunta malversación asciende a 3,3 millones.

Por otra parte, se ha incluido en las diligencias un demoledor informe de la Guardia Civil sobre Lluís Salvadó, que era secretario de Hisenda el 1-O y actual diputado por ERC. Los agentes destacan que este exalto cargo "conocía perfectamente y era partícipe" de la estrategia diseñada para la secesión y dibujó dos escenarios ante la reacción del Estado, a los que de forma descriptiva denominó "guerra" o "guerrilla".

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Según este informe, Salvadó conocía los trámites que iba a hacer el Parlament encaminados a aprobar las leyes de la desconexión y tenía una "estrategia definida" a nivel diplomático y para el despliegue de las estructuras del nuevo estado.

En ese mismo informe, el instituto armado vuelve a implicar al exsecretario de Economia y hoy vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, del que afirma que tenía encomendados cuatro proyectos clave para el nuevo estado catalán: sostenibilidad económica y tres estructuras de estado (banco central, autoridad catalana de inversión y autoridad catalana de la competencia). E incide en que, además, participó en viajes para explicar el contexto político de Catalunya, la hoja de ruta y los distintos escenarios económicos que contemplaban.