LOS JUICIOS POR EL 'PROCÉS'
El juez encarga al Ministerio de Economía un informe sobre los gastos del 1-O
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat
El juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer que investiga los preparativos del referéndum unilateral del 1-O, ha encargado al Ministerio de Economía la elaboración de un informe pericial que determine los fondos públicos destinados para la celebración de la consulta, así como los departamentos de la Generalitat que aprobaron los gastos y a cargo de qué cuentas de la Administración catalana se pagaron.
Para la redacción de este dictamen, el magistrado ha acordado que se tenga en cuenta toda la documentación presentada con motivo de las órdenes dadas desde el mismo Ministerio de Economía a la Generalitat para el control de las cuentas y gastos durante el ejercicio 2017-2018.
El objetivo del juez es individualizar las responsabilidades de los imputados, entre ellos exaltos cargos del Ejecutivo catalán, por un presunto delito de malversación de fondos públicos. En este proceso judicial hay en la actualidad más de una cuarentena de investigados, desde simples técnicos a personas que en su día desempeñaron labores de dirección. Fuentes judiciales han asegurado a este diario que cuando finalicen las pesquisas se harán una purga entre los imputados para determinar a quién se acusa.
Uso de instalaciones públicas
En el mismo auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez Ramírez ha ordenado que la entidad púbica Segipsa (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio) elabore otro informe pericial sobre la cuantificación que supuso el uso de instalaciones públicas para la celebración del 1-O. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruyó la causa por rebelión contra los miembros del Gobierno de Carles Puigdemont, ya solicitó un estudio similar.
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