La Mesa del Parlament traslada al pleno la decisión sobre los diputados supendidos

Parecía raro que Quim Torra presentara un plan de gobierno de un Ejecutivo que amenaza seriamente con la ruptura. Así que Junts per Catalunya y ERC solventaron sus diferencias sobre qué hacer con la suspensión de los cinco políticos encarcelados y Carles Puigdemont decretada por el juez Pablo Llarena minutos antes de que el ‘president’ diera cuenta de sus intenciones para esta legislatura. El acuerdo tiene dos partes, uno formal y el otro de fondo. Este martes solo se ha divulgado el primero, aunque fuentes de la negociación han apuntado a este diario que se ha logrado el consenso en el fondo. “Es que si no fuera así solo habríamos pactado el desencuentro, y no es el caso” señaló una voz del Parlament.

El pacto formal pasa por trasladar a la comisión del estatuto del diputado la decisión. Esta comisión, que se reunirá muy en breve, elaborará un dictamen que se trasladará al pleno del Parlament antes del inicio del próximo debate, el de política general, el martes que viene. ¿Podrían votar de manera diferente posconvergentes y republicanos? No. EL acuerdo, del que solo se apunta que trata a todos los diputados por igual, es decir, que no otorga al ‘expresident’ el papel de ‘primus inter pares’, como pretendía JxCat no se ha dado a conocer. Las opciones siguen abiertas. Se ha salvado la cohesión interna del Executiu, pero la opción de que se choque de nuevo con el Estado sigue encima de la mesa.

CUP y 'COMUNS'

Por la CUP no quedará. Su diputada Maria Sirvent ya ha afirmado que  celebra que se haya decidido que el pleno de la Cámara tenga la última palabra sobre la suspensión de los diputados suspendidos por parte del Tribunal Supremo (como propuso su partido) y ha anunciado que su formación votará "meridianamente, sin ninguna vacilación, en contra" de que sean suspendidos.

La portavoz de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha indicado, por su parte, que su grupo está abierto a apoyar un acuerdo sobre la cuestión de los diputados suspendidos si representa "una solución efectiva" y no meramente simbólica, y si preserva los derechos de los afectados y no altera las mayorías. Es decir, exactamente las tres premisas que pedía Roger Torrent, presidente del Parlament, para hallar una solución idónea.

El trámite debe iniciarse ahora con la convocatoria de la comisión, que deberá elaborar un dictamen. Será este dictamen el que se votará en el pleno. ¿Podrán votar los diputados afectados? No está claro. En la rueda de prensa que han ofrecido el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el vicepresidente primero de la Mesa, Josep Costa, no han despejado dudas. "Eso será una de las cuestiones que deberá abordar la comisión del estatuto del diputado", han afirmado fuentes cercanas a la presidencia del Parlament. Estas mismas fuentes han observado que la solución cuenta con el beneplácito de los seis afectados, los cinco presos en el C.P Lledoners (Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Jordi Sànchez) y Carles Puigdemont.

Torrent convocará de inmediato esta comisión. En principio, la fecha límite es la del próximo 2 de octubre, fecha en que debe de iniciarse el debate de política general. Es decir, una semana para hacer los deberes.

La reacción de Ciudadanos fue airada. El vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo Saavedra, ha anunciado que presentará un voto particular a la decisión de la Mesa y que su fuerza podría denunciar "una presunta desobediencia".

El vicepresidente primero, Josep Costa, por su parte, ha negado que hubiera desobediencia alguna. "Hay jurisprudencia del propio Tribunal Supremo que indica que en aquellos casos judiciales que afectan a diputados de un Parlament, debe ser dilucidado en esa Cámara y de acuerdo con su reglamento ", ha dicho.