Ir a contenido

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Solo un exministro de Rajoy pide la indemnización por cese

14 de los 28 altos cargos con rango de secretarios de Estado del anterior Gobierno recibirán compensaciones de entre 80.000 y 90.000 euros brutos al año

Miriam Ruiz Castro

Mariano Rajoy e Íñigo de la Serna, en la Moncloa, en julio del 2017

Mariano Rajoy e Íñigo de la Serna, en la Moncloa, en julio del 2017 / JUAN MANUEL PRATS

Solo uno de los 13 ministros del último Gobierno de Mariano Rajoy ha solicitado una indemnización por cese. Se trata de Íñigo de la Serna, extitular de Fomento y a quien por su profesión, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, afecta de lleno el régimen de incompatibilidades durante los próximos dos años. La ley del 2015 que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado impide a los altos cargos trabajar en entidades privadas “afectadas por decisiones en las que hayan participado” durante los dos años posteriores a su cese. El exministro sí podría volver a la empresa privada si hubiera trabajado en ella antes de ser ministro, pero Rajoy fichó a De la Serna siendo alcalde y diputado del Parlamento de Cantabria.

Según los datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO a través de una petición al Portal de Transparencia, solo De la Serna ha solicitado esta indemnización que supone alrededor de 56.000 euros brutos al año, el 80% de su salario como ministro, durante tanto tiempo como haya estado en el puesto y con un máximo de dos años.

De la Serna no llegó a cumplir los dos años en el Gobierno, como tampoco los cumplió uno de los ministros más breves de la democracia, el extitular de Economía Román Escolano, que tiene una plaza en propiedad como economista del Estado y que no ha solicitado esta indemnización. Sí lo hizo su predecesor en el cargo, Luis de Guindos, que cobró un total de 9.382,46 euros durante los dos meses que transcurrieron desde que dejó el ministerio y llegó al Banco Central Europeo.

Tampoco ha solicitado la indemnización el exministro de Exteriores Alfonso Dastis, que fue nombrado embajador de España en Italia la semana pasada y podía solicitar la indemnización por el tiempo transcurrido entre uno y otro puesto, cosa que no ha ocurrido.

El resto de exministros de Rajoy son diputados. Todos ellos mantendrán su acta y, por tanto, un sueldo público como parlamentarios, por lo que ninguno podrá cobrar la indemnización correspondiente. Esto es así desde que en el 2012 Rajoy prohibió que las cesantías fueran compatibles con un salario. La excepción es Soraya Sáenz de Santamaría, que renunció a su acta esta misma semana y que es abogada del Estado. Aunque no dio pistas de cuál sería su destino, en los datos del Ministerio de Función Pública no figura que haya solicitado la indemnización tras cesar como ministra.

La mitad de los secretarios de Estado

En cuanto a los secretarios de Estado, de los 25 cesados del Gobierno de Rajoy, 13 han solicitado la indemnización, aunque una de ellos -la de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela- renunció el 3 de septiembre tras incorporarse a la empresa privada. También tenían derecho a cesantías el director del gabinete de la presidencia del Gobierno, José Luis Ayllón, que apenas llevaba seis meses en el cargo, y la de la oficina económica del presidente, Eva Valle, pero ninguno de los dos la han solicitado.

Valle es economista del Estado y podrá regresar a su plaza, mientras que Ayllón es diputado. Caso contrario es el del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, quien ha solicitado la compensación de más de 95.000 euros brutos al año que le corresponden por ocupar un puesto con rango de secretaría de Estado.

Entre los que sí han pedido indemnización están la secretaria de Estado de Comunicación de Rajoy, Carmen Martínez de Castro, que pasará a cobrar 89.700 euros al año, el 80% de su salario bruto, mientras permanezca en el paro. También el exsecretario de Estado de la Seguridad Social Tomás Burgos, a quien corresponden 89.923 euros brutos al año, o Roberto Bermúdez de Castro, exsecretario de Estado para las Administraciones Territoriales y la mano derecha de Santamaría en Catalunya durante la aplicación del 155, que ya anunció que dejará la política y al que corresponden 90.516 euros.

Entre los que han renunciado a sus cesantías están el exnúmero dos de Montoro, el exsecretario de Estado de Hacienda José Fernández de Moya, investigado por posible prevaricación y malversación durante su etapa en el Ayuntamiento de Jaén, y el exsecretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal (hermano del exministro de Energía, Álvaro Nadal). También el exsecretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Julio Gómez-Pomar, quien se reincorporará al Instituto de Empresa.

Linde pide ser indemnizado

Tampoco ha solicitado indemnización por cese el exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, que volverá al Tribunal Supremo, aunque no podrá tomar de decisiones en asuntos sobre los que haya dictado órdenes concretas. En cuanto a los organismos reguladores, con un régimen de incompatibilidad más intenso, la consejera de la CNMV Beatriz Viana, funcionaria de carrera, tampoco ha solicitado la cesantía pese a que no podrá prestar servicios a ninguna entidad que hubiera estado bajo su supervisión.

En relación al Banco de España, Luis María Linde se despidió de la presidencia después de seis años un día antes de que prosperase la moción de censura. Ahora, ha solicitado una indemnización por cese que, en función de su suelo, supondría unos 143.000 euros brutos anuales. Otros dos consejeros cesados, Maximino Carpio y Vicente Salas, han renunciado a solicitar las cesantías.