Convivencia enlazada

Rojos para concienciar sobre el sida, rosas contra el cáncer de mama y morados por el feminismo. Desde que se empezaran a emplear de forma masiva por distintas razones, los lazos han sido siempre un símbolo de solidaridad, pero en Catalunya se han convertido en causa de discordia. Los lazos amarillos iniciaron su andadura en apoyo a los políticos en prisión. En su inicio, los ideólogos de la cuestión trataron de buscar un símbolo que apelara más al 'espíritu del 3-O', el de la huelga general tras la actuación policial del día del reférendum, que no algo estrictamente independentista. Poco a poco han ido inundado Catalunya: balcones de ayuntamientos, escuelas, puentes, rotondas, parques, calles... Y si de un lado hay ciudadanos que ponen lazos amarillos, también hay otros que los quitan, seguramente porque buena parte de la sociedad catalana no atisba en esos lazos la transcversalidad con la que presuntamente nacieron y sí lo identifican como un símbolo pro-independentista

El otoño pasado nacieron las “brigadas de limpieza”, grupos que se reunían de noche, con la cara tapada, para retirarlos. Incluso el primer partido de la oposición en Catalunya, y a la sazón vencedor de las elecciones del pasado 21 de diciembre, Ciudadanos,  se sumaron a la campaña. Fue en Alella, municipio del Maresme con alcalde de ERC, y hasta ahí se desplazaron el líder nacional, Albert Rivera, y la jefa de filas catalana, Inés Arrimadas.

La presencia de estos símbolos en las calles ha provocado conflictos entre vecinos que en muchos casos se han traducido en incidentes más o menos graves. Entre los más mediáticos está el de una mujer que denunció haber sido agredida mientras retiraba lazos en el parque de la Ciudatella, aunque la filiación del presunto agreso aun no ha sido del todo aclarada.

 Y durante la concentración que organizó Ciudadanos en repulsa por esta agresión, un cámara de Telemadrid fue, a su vez, atacado a golpes porque los presentes creyeron que trabajaba para TV-3. En la reunión de la Junta de Seguridad, Generalitat y Estado debían aclarar si existe o no un problema de convivencia en Catalunya a cuenta de los lazos. Hubo un consenso de mínimos: que el espacio público es de convivencia y los Mossos han de garantizarla. Sobre el cómo han de hacerlo, la duda continúa. El 'conseller' de Interior, Miquel Buch, aseguró recientemente en una entrevista que “los mossos no retirarán ni un lazo amarillo”. También es cierto que según el calendario se ha alejado del siempre mortífero agosto, en cuanto a noticias, la cuestión ha ido desapareciendo de las portadas, aunque siempre amenazando con repuntar en cualquier momento.

Sin datos oficiales

Tratar de poner cifras a los incidentes que se han producido en Catalunya a cuenta de los lazos es misión imposible. Los Mossos d’Esquadra no facilitan datos de actuaciones de este tipo. El Ministerio del Interior elabora estadísticas por comunidades autónomas sobre infracciones penales y, en lo que concierne a delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, entre enero y junio de 2018 aumentaron un 2,7% en Catalunya con respecto al mismo periodo del año anterior. Pero es imposible saber cuántos de ellos guardan relación con los lazos amarillos.

El defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, expresó su “preocupación por el deterioro de la convivencia en los espacios públicos de Catalunya”. En una declaración institucional pidió “respeto a la neutralidad ideológica en los edificios y espacios públicos”. Poco después, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, emitía otro comunicado quejándose de la falta de coordinación con su homólogo estatal y poniendo el acento en la importancia de respetar la libertad de expresión. Los datos que manejan ambas instituciones sobre las quejas recibidas tampoco ayudan. Desde el Síndic aseguran que han recibido cinco quejas de ciudadanos por la colocación de lazos amarillos, pero no pueden facilitar más detalles porque aún están en trámite. El Defensor del Pueblo estatal habla de “decenas”, aunque de momento sin cifras más concretas. Fuentes del organismo aseguran que las quejas empezaron a aumentar significativamente desde que se hizo público el comunicado.

Respuesta de los ayuntamientos

Pese a la ausencia de datos oficiales, los incidentes que ha recogido la prensa y de los que sí se tiene constancia han llevado a algunos ayuntamientos a tomar sus propias medidas para enfrentar el problema. Es competencia de los consistorios, a través de las ordenanzas municipales, regular los usos del espacio público. Y las decisiones que cada uno ha tomado varían mucho en función del color político.

En Arenys de Munt, gobernado por la CUP, se acordó en mayo una declaración institucional de apoyo a la colocación de lazos amarillos en el espacio público y valoraba incluso la posibilidad de multar con entre 100 y 200 euros a quienes los retiraran sin autorización previa, basándose en una interpretación rigurosa de sus ordenanzas. En Castellbell i el Vilar, con el PSC al frente, se acordó retirar todos los símbolos, de cualquier tipo, que no hayan sido previamente autorizados, también en cumplimiento de sus ordenanzas, e incluso sancionar a quienes los coloquen sin permiso previo del ayuntamiento.