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Marbella pregunta a los vecinos qué hacer con los 40 millones recuperados de los corruptos

Biblioteca, centro de mayores o reformas de viarios son algunas de las propuestas para emplear los 40 millones recuperados de tramas urbanísticas

Julia Camacho

El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz y el asesor urbanístico, Juan Antonio Roca, durante el juicio en la Audiencia Nacional por el caso Saqueo II en abril del 2013.

El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz y el asesor urbanístico, Juan Antonio Roca, durante el juicio en la Audiencia Nacional por el caso Saqueo II en abril del 2013. / EFE

Cuando Jesús Gil y sus secuaces se instalaron en Marbella, sus bolsillos crecieron al mismo ritmo que desaparecían los terrenos para equipamientos públicos. Ahora, los mismos vecinos que vieron que donde debía ir un parque o un centro de salud florecía un bloque de viviendas serán quienes opinen sobre el dinero procedente de la corrupción urbanística que se ha podido recaudar a través de las condenas a los cargos públicos que ocasionaron semejantes desmanes, como el que fuera asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, los alcaldes Marisol Yagüe o Julián Muñoz y el resto de ediles procesados por las tramas urbanísticas como el caso Malaya.

Desde que se destapara la operación Malaya y se disolviera el Ayuntamiento en el año 2006, se han sucedido las distintas sentencias condenatorias con indemnizaciones favorables a las arcas locales. El consistorio ha logrado recuperar hasta el momento unos 15 millones de euros en efectivo, todos procedentes el embargo de bienes y dinero o cobro de multas de casos de corrupción con sentencia firme, como los casos Saqueo 1 y 2. En su mayor parte, pertenecientes a Juan Antonio Roca. A esos 15 millones se suman además inmuebles y fincas entregados al Ayuntamiento. Algunas podrán ser usadas como espacio público, por ejemplo una ciudad de la Justicia, pero otras se venderán en el mercado libre para poner en marcha un plan de vivienda para jóvenes con lo recaudado. Entre el efectivo y los inmuebles, el dinero recobrado rondaría los 40 millones de euros.

Entre las 20 iniciativas que los vecinos podrán escoger se encuentran la creación de una residencia de mayores, una biblioteca y de varios centros de usos múltiples o un parque público, la remodelación de polideportivos y el palacio de congresos o la mejora de acerados, viarios y otras infraestructuras. También se podrán aportar propuestas propias. La medida de consultar el destino del dinero no oculta cierto aroma electoralista dada la cercanía de los comicios municipales el próximo mes de mayo y que algunos de los proyectos propuestos ya pasaron el corte de los presupuestos participativos de la anterior corporación local, un cuatripartito formado por PSOE, IU, Podemos y los independientes de Opción Sampedreña que fue desbancado por moción de censura en 2017. Pero no llegaron a concretarse.

No vinculante

Desde el consistorio explican que se trata de una encuesta, que no consulta, ciudadana, por lo que no será vinculante. Es decir, los vecinos podrán opinar pero no decidir. Pero sí reconocen que ayudará a “priorizar y marcar los tiempos” para ver cuáles son las actuaciones más urgentes o las que tienen más demanda entre los 150.000 habitantes de la ciudad. Una vez cerrada la votación, que se puede realizar telemáticamente (con un control de la IP para evitar dobles votos) o en las sedes de los distritos, se convocará un pleno en el mes de octubre para aprobar las actuaciones que se llevarán a cabo y que, como indicó la alcaldesa Ángeles Muñoz, “habrá que ejecutar en 2019”.

El uso de estos fondos es posible porque el Ayuntamiento de Marbella negoció con el Gobierno central que el dinero recuperado por la vía judicial revirtiese de alguna manera en la ciudad, tal y como sugirió la primera sentencia del caso Malaya, incluyéndose una disposición final en los Presupuestos Generales del Estado en ese sentido. Una medida que Muñoz volverá a pedir en el Senado la próxima semana. Primero el dinero se usó para refinanciar la deuda local por impagos del GIL a Hacienda y la Seguridad Social (unos 300 millones de euros) y, más tarde, para inversiones directas en equipamiento y servicios públicos en la ciudad.