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INVESTIGACIÓN

20-S: La protesta que dinamitó la confianza entre Mossos y Guardia Civil

La crisis frente a Economia provocó llamadas entre Ministerios y el instituto armado preparó una operación de rescate

Agentes de la Benemérita, que no avisó del dispositivo, fueron identificados de paisano frente a la conselleria el día 19 y respondieron que era un tema de "drogas"

Vídeo del sumario judicial de como quedaron los coches de la GC.

Con la operación policial contra el referéndum independentista, once días antes de la celebración del 1-O, el 'choque de trenes' entre los gobiernos español y catalán alcanzó a la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra y dinamitó la confianza entre ellos. El recelo se incubaba desde el cruce de acusaciones en la investigación de los atentados del 17-A, cuya gestión había disparado la popularidad de los policías catalanes y en especial la de su mayor, Josep Lluís Trapero, y explotó en los agrios rifirrafes entre uniformados -también del Cuerpo Nacional de Policía- el día de la consulta. Pero afloró por primera vez aquel miércoles con los sucesos que acaecieron ante la Conselleria d’Economia, que han conducido a dos mandos de los Mossos -Trapero y la intendente Teresa Laplana- a ser procesados en la Audiencia Nacional por un delito de sedición.

Los 41 registros policiales para impedir la consulta -cuatro en las consellerias de Economia, Governació, Afers Socials y Exteriors- y las 14 detenciones -incluidas las de los secretarios de Economia, Josep Maria Jové, y Hacienda, Lluís Salvador- se interpretaron por parte del Govern como un ataque a Catalunya. El expresident Puigdemont llegó a proclamar desde Sant Jaume que con esta intervención de la Guardia Civil -ordenada por el juzgado 13 de Barcelona después de que el exjuez Santi Vidal se jactara en público de que el Govern se había apropiado ilegalmente de datos personales de los catalanes para organizar el referéndum- Moncloa había declarado el "estado de excepción" para "suspender de facto la autonomía". Sindicatos como CCOO o UGT, y partidos como Podem, llamaron a movilizarse. Y los líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium CulturalJordi Sánchez y Jordi Cuixart -en prisión preventiva desde el 16 de octubre del pasado año por estos hechos-, dirigieron la protesta contra la entrada de una quincena de guardias en la Conselleria de Economia. Aquella llamada -que se subrayó que tenía que ser "pacífica"- germinó en un escrache de 40.000 personas que destrozó los Nissan del instituto armado.

Un año después, y según nuevos detalles relevantes averiguados por EL PERIÓDICO, en ambos cuerpos se mantienen percepciones casi antagónicas de aquellos hechos. La Guardia Civil afirma que los Mossos les negaron un auxilio pedido de forma insistente. Los Mossos, por su parte, aseguran que no hubo abandono y que cargar contra los manifestantes hubiera generado un problema mayor.

La Guardia Civil preparó una operación de rescate  

Mientras crecía la tensión por la retención de la comitiva judicial en el interior de la Conselleria, la Guardia Civil mantuvo en alerta a 60 antidisturbios para cargar ante el edificio, según fuentes cercanas al caso. Se diseñó "un retén" de tres pelotones de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de 18 guardias y un sargento cada uno, con antidisturbios del cuartel de Sant Andreu de la Barca y de un grupo de León llegado al Puerto de Barcelona. Cuando, en cambios de turno, finalizaban su "fase presencial", los guardias tenían orden de estar a no más de 20 minutos de su base.

En un principio era mera prevención ante posibles complicaciones en la 'Operación Anubis' (bautizada con el nombre del dios egipcio de la muerte), pero devino en un retén específico para la sede de Economia, que, incluso sin apoyo de los Mossos, se preparó para desplegarse varias horas con gases lacrimógenos y otros medios, si no cuajaba una apertura rápida de un pasillo por el que sacar a la comisión judicial. Un comandante que mandaba el dispositivo esperó todo el día 20 y la madrugada del 21 una orden de salir que no llegó.

Madrugada del 21 de septiembre de 2017. La multitud rodea uno de los coches de la Guardia Civil que han acudido al registro ordenado por el juez en la sede de la Conselleria de Economia de la Generalitat. El vehículo fue destruido durante la concentración que convocaron Òmnium Cultural y la ANC a las puertas del edificio. /QUIQUE GARCÍA (efe)

Varias veces los GRS estuvieron a punto de acudir. La más tensa cuando, a las 2 de la madrugada, tras una carga de los Mossos contra los manifestantes, "la masa intentó acceder al edificio por la fuerza, teniendo que actuar agentes que estaban en el interior (15, entre guardias y mossos) sujetando la puerta para evitar que esta se viniera abajo y los manifestantes accedieran de manera violenta", relata un informe de la Guardia Civil.

Cadena de llamadas hasta el Ministerio 

De la tensión de la jornada deja constancia la nerviosa redacción de la secretaria judicial de la comitiva cuando, a mano, levantó acta del registro: "El edificio en el que nos hallamos se halla sitiado de manera que no podemos entrar ni salir, ni circular por la calle".

Se sabía que la situación provocó que el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya llamara al mayor Trapero para ordenarle que evacuara a la letrada -acabó saliendo a media noche por la azotea y a través de un teatro adyacente-. Pero trascienden ahora otras llamadas de mayor envergadura. Según fuentes consultadas por este diario, el ya difunto fiscal de Catalunya, José María Romero de Tejada, avisó al también fallecido fiscal general, José Manuel Maza, y este, a su vez, contactó con el Ministerio de Justicia. La cadena se cerró cuando ese ministerio expresó su preocupación al de Interior, el que tenía en su poder activar o no a los GRS. 

Operación sin previo aviso 

Fuentes de la policía catalana aseguran que la Guardia Civil ocultó el operativo a los Mossos. "Es comprensible que, temiendo una filtración, ocultaran que era contra la Generalitat. Pero no lo es que ni siquiera llamaran el día antes para avanzar que requerirían apoyo de orden público para un operativo en Barcelona", razonan. Los Mossos fueron sabiendo de los registros por los medios de comunicación. El primer aviso oficial de la Guardia Civil fue un escrito de novedades, sin detalles concretos, emitido a las 7:50, diez minutos antes de empezar. Según declaró Trapero en la Audiencia Nacional, la intendente Laplana -que ese día estaba enferma pero acudió a Economia porque mandaba el distrito del Eixample- llegó a las 9.15 y, con las dos primeras unidades de la Brigada Móbil desplazadas, descartó cargar para crear un espacio de seguridad ante el edificio. "Si nos hubieran avisado, se habría realizado sin problemas antes de que llegaran los primeros manifestantes". 

Un mando policial catalán explica que un día antes de la 'operación Anubis' agentes de los Mossos identificaron a guardias de paisano cerca de la 'conselleria'. "Nos dijeron que estaban allí por un tema de drogas. Al día siguiente comprendimos que habían venido a estudiar el terreno", subraya. Tal era la desconfianza entre ambos cuerpos horas antes. 

Peticiones de apoyo 

Desde la 'conselleria', la Guardia Civil emitió seis peticiones de apoyo que fueron respondidas con una hora de tardanza de promedio. A las 9:14 salió la primera. Los Mossos contestaron 42 minutos después: "S'ha rebut la seva sol.licitud i es dóna trasllat". La segunda, de las 10:46, recibió la respuesta "Donem tràmit a la seva petició" a las 12:34. Otra, de las 12:02 y titulada "URGENTE - Reiterando solicitud de apoyo de Mossos d'Esquadra", se contestó a las 14:03: "S'ha donat tràmit a la petició". Parecido curso tuvieron otras 19 solicitudes de ayuda emitidas ese día por nueve casas-cuarteles rodeadas de manifestantes.

Por su parte, fuentes de los Mossos remarcan que el registro judicial se llevó a cabo y que, en cuanto decreció la concentración, a partir de medianoche, y resultó factible dispersar sin generar daños mayores, se ordenó cargar contra los manifestantes.

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