Las causas por delitos de odio se disparan un 110% por el 'procés' y el 17-A

Los procedimientos judiciales por el delito de odio se han disparado en Catalunya. Desde el 2015 hasta el 2017 este incremento fue del 110 %, según recoge la última memoria del fiscal delegado de este servicio en Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El informe sostiene que este aumento, sobre todo el registrado el año pasado, se debe en parte a las denuncias por actos delictivos cometidos a raíz de los atentados del 17-A en la capital catalana y Cambrils y la “elevada polarizacion” de una parte de la sociedad catalana por el proceso independentista.

En el 2017, se registraron 291 causas judiciales por delito de odio, frente a los 225 procesos del 2016 y de los 136 del 2015, lo que supone un incremento del 110%, detalla la memoria. Este incremento también se ha producido en las diligencias de investigación incoada por la misma fiscalía, que pasaron de las 33 abiertas en el 2015, a las 68 del año 2017 (uno 105% más). Esta situación ha provocado una reacción en cadena: más escritos de acusación, más sentencias.

El fiscal relata en su informe no sólo se ha constado el aumento de casos en el 2015 a raíz de los atentados yihadistas en el ‘procés’, sino que también “llama la atención” que el segundo motivo de discriminación más numeroso sean de orientación ideológica (30,).  El primero sigue siendo el origen étnico, nacional y racial (34%)  y el tercero la identidad sexual (22,6%).

Más en noviembre

La memoria reseña que los delitos de odio vinculados a los ámbitos y racial crecieron a raíz del atentado del 17-A y se dirigieron contra la población musulmana (en especial tuits ofensivos). El informe agrega: “Por otra parte, debido a la situación acaecida en Catalunya a partir del mes de octubre [2017] se produjo un incremento en el número de hechos recogidos en el ámbito de la orientación política”. La punta se produjo en noviembre, en el que registraron 35 acciones de discriminación.

La fiscalía, por ejemplo, abrió de oficio por actos contra sedes de partidos y cargos electos de organizaciones constitucionalistas por negarse a colaborar con el referéndum unilateral del 1-0, así como por la expulsión de agentes del Cuerpo Nacional de la Policía y de la Guardia Civil de hoteles de Pineda de Mar y Calella, ante la posible comisión del delito de denegación de prestaciones, así como otros alojados en El Bruc. Otra de las acciones emprendidas por la fiscalía fue la denuncia presentada por la presunta humillación en clase de hijos de miembros del instituto armado.